Los máximos responsables de Justicia en Andalucía actúan tras problemas de plazas, medios y sedes judiciales
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), **Lorenzo del Río**, el vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Justicia, **Manuel Gavira**, y el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, **Miguel Ángel Pareja**, han anunciado este jueves un acuerdo para fortalecer la relación entre instituciones judiciales y la sociedad andaluza. El objetivo es mejorar la percepción ciudadana sobre la justicia tras resolver problemas estructurales como la falta de plazas de jueces, deficiencias informáticas y carencias en las sedes judiciales.
El pacto, cerrado en Córdoba, responde a una situación crítica en el sistema judicial andaluz. Según datos recientes, Andalucía acumula un déficit de **más de 300 plazas de jueces** respecto a la media nacional, según informes internos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Además, el 40% de los juzgados andaluces operan con sistemas informáticos obsoletos, según un informe de la Inspección Judicial de 2025, lo que ha generado retrasos en la tramitación de casos.
El acuerdo incluye medidas concretas: la Junta destinará **12 millones de euros** en 2027 para modernizar infraestructuras judiciales, mientras que el TSJA impulsará un plan de formación para jueces en gestión digital. Gavira, en declaraciones a medios, subrayó que «la justicia no puede ser un servicio de segunda en Andalucía». El presidente de la Audiencia de Córdoba, Pareja, añadió que «la confianza ciudadana se reconstruye con hechos, no con discursos».
Este pacto se enmarca en un contexto de tensiones recurrentes entre el Gobierno andaluz y el CGPJ por la gestión de plazas judiciales. En 2024, la Junta denunció ante el Tribunal Constitucional la «lentitud» del Estado en cubrir vacantes, mientras que el CGPJ acusó a la Junta de «obstruir» la contratación de jueces interinos. El acuerdo actual, sin embargo, evita mencionar estas disputas y se centra en soluciones prácticas.
La próxima fase incluirá la creación de una mesa permanente de seguimiento con representantes de colegios de abogados y asociaciones de víctimas. Gavira adelantó que «en octubre se presentará un calendario detallado de actuaciones». El TSJA, por su parte, ya ha abierto una línea de comunicación directa con los juzgados para recoger demandas concretas de los profesionales.
