Fuentes penitenciarias y responsables del Gobierno vasco reconocen que la supervisión de los etarras en libertad condicional es insuficiente y permite fraudes generalizados
Garikoitz Espiás Rubina ‘Tversky’, antiguo jefe del aparato militar de ETA, incumple desde hace meses sus permisos de prisión sin que las autoridades vascas actúen. Según revela ABC, el sistema de supervisión —que depende del personal de cada cárcel y varía según el caso— permite que etarras como él salgan sin cumplir las condiciones de trabajar, como exige su condena. La prisión de Zubieta (Guipúzcoa), donde cumple pena Tversky, sustituyó en junio a la antigua Martutene, pero el cambio no ha mejorado el control.
El problema no es aislado: fuentes penitenciarias advierten de que «pueden encubrirlos los empresarios» y denuncian que hay «tantos etarras con contratos falsos». La supervisión, en manos de los propios centros penitenciarios vascos, deja un margen amplio para las trampas. El Gobierno vasco, encargado de autorizar estas medidas desde que Pedro Sánchez transfirió las competencias en 2021, reconoce en parte la realidad, aunque sin asumir responsabilidades directas.
El caso de Tversky se enmarca en un sistema de ‘flexibilización’ de condenas para exmiembros de ETA, diseñado para facilitar su reinserción. Sin embargo, la falta de un protocolo unificado y la opacidad en la supervisión convierten estos permisos en un instrumento con graves lagunas. Mientras, la Fiscalía y asociaciones de víctimas exigen mayor transparencia, pero hasta ahora no han logrado avances.
Lo que está en juego es la credibilidad de un modelo que, según críticos, prioriza la imagen de normalización sobre la seguridad real. La pregunta clave es si el Gobierno vasco, con competencias plenas desde 2021, tiene capacidad —o voluntad— para corregir un sistema que, según fuentes internas, «funciona a medias».
