Antiguos directivos admiten ante la Guardia Civil que lograron sus puestos técnicos y de mando mediante llamadas telefónicas y sin examen
Varios antiguos gerentes de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo admitieron ante la Guardia Civil que lograron sus puestos directivos sin superar ninguna prueba selectiva. Las declaraciones como testigos ante los agentes de la Unidad Central Operativa revelan un mecanismo de selección arbitrario. Los propios mandos que debían supervisar las contrataciones entraron en la entidad mediante una simple llamada telefónica.
El esquema funcionó de manera piramidal en toda la estructura de la fundación pública según las pesquisas policiales. Los directivos que avalaron la entrada de personas vinculadas a cargos del PSOE andaluz reconocieron haber accedido antes con idéntica falta de controles. La fundación operaba como una entidad instrumental dentro de la administración autonómica andaluza. El organismo gestionaba fondos públicos destinados a la formación para el empleo en la comunidad.
Las actuaciones judiciales examinan presuntos delitos de malversación en la gestión de estos recursos laborales autonómicos. La causa conecta directamente con las competencias del Servicio Andaluz de Empleo. Este organismo asumió el personal y las funciones de la entidad tras su disolución formal. La investigación analiza cómo se consolidó esta red interna de colocaciones irregulares a lo largo de los años.
El caso afecta al control sobre los entes instrumentales de la Junta de Andalucía durante las etapas de gobierno socialista. La Guardia Civil busca determinar el alcance penal del uso de fondos destinados a desempleados. Las pesquisas continúan abiertas en sede judicial para depurar las responsabilidades de los antiguos gestores.
El 16 de septiembre de 2026, a la 01:34h, los testigos presentaron sus declaraciones ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, marcando el inicio formal de la investigación. La UCO, unidad especializada de la Guardia Civil, se encarga de investigar delitos de corrupción y malversación en la administración pública.
