Ocho empleados de la extinta Fundación Faffe siguen cobrando como fijos en el servicio público, según informe judicial
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha confirmado que ocho trabajadores de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) siguen percibiendo 3,49 millones de euros en sueldos públicos como personal fijo en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), pese a que sus contrataciones fueron investigadas por presunto enchufismo durante el gobierno del PSOE en la entidad.
El informe, entregado el 29 de julio al juez José Ignacio Vilaplana —magistrado del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla—, revela que estos empleados continúan prestando servicios en el SAE tras las irregularidades detectadas. La Faffe, financiada con fondos autonómicos, impartía cursos de formación y su gestión durante el mandato socialista está bajo sospecha de redes de contratación opaca.
El Servicio Andaluz de Empleo (SAE), dependiente de la Junta de Andalucía, es el organismo público encargado de gestionar políticas de empleo en la región. Su presupuesto anual ronda los 1.200 millones de euros, y su estructura incluye más de 5.000 empleados. Este caso se enmarca en la investigación abierta por la UCO sobre posibles contrataciones irregulares en entidades vinculadas a la formación profesional andaluza.
El juez Vilaplana, designado como magistrado de refuerzo para este caso, analiza ahora si estos sueldos irregulares responden a un patrón sistemático o a errores puntuales en la gestión de personal. La Fiscalía Anticorrupción ya ha mostrado interés en el caso, según fuentes judiciales.
El PSOE andaluz, que gobernó la región entre 2012 y 2022, no ha emitido aún un comunicado oficial. Sin embargo, el Partido Popular (PP) ha solicitado al Gobierno autonómico una auditoría externa a todas las entidades públicas vinculadas a la formación profesional, exigiendo transparencia en la gestión de fondos públicos.
El 14 de septiembre de 2026, a las 07:22h, la UCO confirmó que los ocho trabajadores siguen cobrando sueldos públicos, lo que indica un incumplimiento de las normas de contratación pública y plantea interrogantes sobre la vigencia de los contratos y la supervisión de la Junta de Andalucía.
