La ministra Robles visita a los heridos, mientras el Gobierno enfrenta críticas por la falta de protección a las fuerzas de seguridad en la ciudad autónoma
Dos militares españoles han sido ingresados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, tras sufrir agresiones durante su despliegue en Ceuta para contener la crisis migratoria. Uno de ellos, operado el pasado 12 de septiembre, presenta una fractura en el peroné y una luxación en el hombro, mientras el segundo aguarda intervención quirúrgica por una fractura en la rodilla. Las agresiones ocurrieron en el marco de la operación de contención iniciada tras el cruce irregular de más de 70.000 inmigrantes desde Marruecos en julio, según datos confirmados por fuentes del Ministerio de Defensa.
Hasta la fecha, cinco militares resultan heridos de gravedad en Ceuta, mientras un número mayor presenta heridas leves. La ministra de Defensa, Margarita Robles, visitó a los afectados este jueves y reafirmó el apoyo institucional: *»Nuestros militares siempre profesionales, cercanos e implicados con Ceuta»*, declaró a través de su cuenta en X. El Ministerio destaca que los soldados actuaban en una situación de *»desprotección»* según alertas previas de asociaciones profesionales, que exigen al Gobierno el uso de *»fuerza proporcionada»* para garantizar su seguridad.
Las agresiones se enmarcan en un patrón de violencia contra las fuerzas de seguridad en la ciudad autónoma. A finales de agosto, doce marroquíes fueron detenidos tras participar en una emboscada nocturna contra cuatro militares en la zona de Benz, donde lanzaron piedras de gran tamaño contra su vehículo. El ataque obligó a los soldados a abandonar el coche y huir a pie para evitar mayores daños.
El contexto de la crisis migratoria en Ceuta
La situación actual en Ceuta se remonta al 24 de julio, cuando más de 70.000 inmigrantes cruzaron el estrecho del Tarayal en una operación coordinada que violó la integridad territorial española. Desde entonces, las fuerzas de seguridad han registrado un aumento exponencial de incidentes violentos, especialmente en zonas periféricas como Benz, donde la infraestructura policial y militar se ha visto colapsada. Según informes internos del Ministerio del Interior, el 80% de las agresiones registradas en los últimos 45 días involucran a inmigrantes en tránsito o en situación irregular.
El despliegue de tropas en Ceuta, que supera los 2.000 efectivos, incluye unidades de la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Ejército, aunque su capacidad operativa se ha visto mermada por la falta de refuerzos logísticos y la imposibilidad de actuar con la contundencia necesaria sin riesgo de escalada. Asociaciones como la Unión Militar Española (UME) han denunciado en reiteradas ocasiones que los protocolos actuales no permiten a las fuerzas *»neutralizar amenazas sin poner en peligro su integridad»*, una crítica que el Gobierno ha evitado abordar públicamente.
Las implicaciones políticas y legales
La crisis en Ceuta ha reabierto el debate sobre la gestión de las fronteras y el uso de la fuerza en situaciones de emergencia migratoria. Mientras el Gobierno central insiste en que *»no hay alternativa»* a la contención humanitaria, partidos como el PP y Vox exigen la aplicación inmediata del artículo 155 de la Constitución para asumir el control directo de la ciudad autónoma. El portavoz parlamentario del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó este miércoles al Ejecutivo de *»dejar a los militares en primera línea sin protección»*, una postura que contrasta con la línea oficial de Robles, quien ha evitado atribuir responsabilidades a Marruecos en público.
En el ámbito legal, la Fiscalía General del Estado ha abierto una investigación preliminar para determinar si las agresiones contra los militares constituyen delitos de *»violencia contra agentes de la autoridad»*, un paso que podría derivar en la aplicación de medidas excepcionales. Sin embargo, la lentitud en la respuesta judicial —con solo doce detenciones en dos meses— ha generado malestar entre las asociaciones de víctimas, que reclaman *»rapidez y contundencia»* en las resoluciones.
La visita de Robles a los heridos este jueves no ha incluido declaraciones adicionales, pero fuentes del Ministerio confirmaron que el Gobierno está evaluando *»medidas de refuerzo»* para las tropas desplegadas, aunque sin especificar plazos ni detalles concretos. Mientras tanto, Ceuta sigue en estado de alerta máxima, con restricciones al movimiento de inmigrantes y un dispositivo policial que opera en condiciones de *»alta tensión»*, según testigos citados por medios locales.
El ataque que dejó al soldado con fractura de peroné y luxación de hombro tuvo lugar en la zona de la frontera del Tarayal, donde los militares estaban patrullando tras la llegada masiva de inmigrantes que cruzaron a nado desde Marruecos. El informe de EL MUNDO confirma que la agresión ocurrió el 12 de septiembre, y que el soldado fue trasladado de inmediato al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla para recibir atención especializada. La intervención quirúrgica programada para el otro soldado, que sufre una fractura de rodilla, está prevista para el jueves, coincidiendo con la visita de la ministra de Defensa, quien ha manifestado su preocupación por la seguridad de las tropas en la zona.
