El Gobierno gana el recurso del Sindicato Unificado de Policía y avanza con el plan para aliviar la presión en la ciudad autónoma
La Audiencia Nacional ha levantado este jueves la prohibición temporal que impedía trasladar a parte de los migrantes que llegaron a Ceuta en la oleada de finales de julio al puerto de la ciudad autónoma. La Sala de lo Contencioso-Administrativo, que el miércoles había paralizado la medida por una solicitud urgente del Sindicato Unificado de Policía (SUP), ha decidido no adoptar medidas cautelares tras analizar los argumentos del Ministerio de Transportes.
El tribunal considera que el traslado responde a «razones de interés general» y que el Gobierno ha garantizado la seguridad con la colaboración del Ministerio del Interior, que aportará los medios necesarios para proteger tanto a los agentes como a los migrantes. La decisión permite avanzar con el plan para aliviar la saturación en Ceuta, donde más de 10.000 personas permanecen desde la entrada masiva del pasado julio.
El SUP había recurrido la autorización del Gobierno alegando riesgos laborales y de seguridad, pero la Audiencia Nacional ha desestimado su petición al considerar que las medidas de protección ya están en marcha. El traslado al puerto, que incluye la instalación de carpas temporales, busca evitar conflictos en la ciudad y liberar recursos en zonas residenciales.
Este caso refleja la tensión entre las competencias del Gobierno central y las demandas de los cuerpos de seguridad en Ceuta, donde la gestión de la crisis migratoria sigue siendo un foco de conflicto político. El Ministerio del Interior ya había anunciado su apoyo logístico, pero la decisión judicial elimina el último obstáculo legal para ejecutar el plan.
La Sala mantendrá abierto el estudio de la medida cautelar, aunque sin paralizar el traslado, tras solicitar informes a las partes implicadas. Mientras, el Gobierno insiste en que la operación se desarrollará «sin perjuicio de la seguridad» y con la coordinación de las fuerzas de seguridad.
La Sección Octava de la Audiencia Nacional, encargada de la materia contencioso-administrativa, ya revisó la resolución del Ministerio de Transportes y concluyó que no existía motivo para la medida cautelar, citando la protección, emergencias y prevención de riesgos laborales como fundamentos para no paralizar el traslado.
El Ministerio del Interior se compromete a aportar los medios necesarios para reforzar la seguridad en el puerto y en las instalaciones donde se alojarán los migrantes, garantizando así la compatibilidad con la seguridad, protección y normal explotación del puerto.
