Ibone Bengoetxea confirma que el Gobierno Vasco estudiará recurrir la sentencia y avanza en un nuevo texto legal en 6-12 meses
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha anulado este miércoles el **Decreto 19/2024**, que regulaba la normalización del euskera en la Administración Pública vasca, por «insuficiencia de la memoria económica» en su tramitación. La decisión, adoptada en la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, responde a un recurso interpuesto por **Vox**, que cuestionaba el procedimiento de elaboración de la norma.
La vice lehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, **Ibone Bengoechea**, ha aclarado que la sentencia **no cuestiona el objetivo** de normalizar el euskera en la Administración, sino que se centra en aspectos formales. Según ha explicado, la anulación afecta «más a la forma que al contenido» del decreto, al detectar deficiencias en la memoria económica del expediente. El Gobierno vasco **ya había iniciado los trámites** para modificar el decreto antes de conocer la sentencia, en cumplimiento de una modificación de la **Ley de Empleo Público** aprobada en junio de 2026 por el Parlamento Vasco.
Bengoechea ha confirmado que el Ejecutivo vasco **analizará en 30 días** si recurre la sentencia —que aún no es firme— y, en paralelo, incorporará los fundamentos jurídicos de la resolución al **nuevo decreto**, que podría estar listo en un plazo de **entre seis meses y un año**. El plazo dependerá del volumen y la calidad de las alegaciones presentadas, ha precisado. La consejera ha subrayado que el objetivo sigue siendo garantizar que los ciudadanos puedan usar «el idioma que deseen» en sus relaciones con la Administración.
El decreto anulado, aprobado en febrero de 2024, buscaba consolidar el uso del euskera en la Administración vasca como herramienta de normalización lingüística. Su anulación no afecta a otras normas ya vigentes en la materia, como la **Ley 10/2015 de Normalización del Uso del Euskera**, que establece el marco general. La sentencia del TSJPV refuerza, sin embargo, la necesidad de ajustar los procedimientos administrativos para evitar recursos futuros.
Vox, partido recurrente, no ha reaccionado públicamente a la comparecencia de Bengoechea, pero su estrategia legal —centrada en impugnar normas por vicios formales— ha logrado paralizar temporalmente una política lingüística que el Gobierno vasco considera clave. La consejera ha insistido en que el nuevo decreto se diseñará con «mayor seguridad jurídica», aunque el proceso podría alargarse si las alegaciones son numerosas o complejas.
