El Gobierno ceutí exige recursos urgentes y acusa a Sánchez de inacción tras el colapso por la llegada masiva de migrantes en julio
El Gobierno de Ceuta ha notificado formalmente al Ejecutivo central un plazo improrrogable de un mes para resolver los expedientes de devolución de 10.000 migrantes llegados en julio, amenazando con un recurso contencioso-administrativo si no se atiende. La ciudad autónoma denuncia hacinamiento, falta de recursos y la paralización de actividades municipales no esenciales por razones sanitarias y de orden público.
El requerimiento, firmado por el presidente Juan Jesús Vivas, recuerda que la gestión de estos flujos corresponde en exclusiva al Estado según la ley de extranjería. Tras más de un mes, el Gobierno de Sánchez no ha iniciado ni resuelto los expedientes, ni comunicado plazos ni motivos del retraso. Ceuta reclama además refuerzos inmediatos de policías, agentes de extranjería y servicios de asilo para evitar un colapso.
La situación se agravó el 30 y 31 de julio, cuando miles de migrantes cruzaron irregularmente la valla de Ceuta en un acceso masivo sin precedentes. Aunque el Estado declaró el 25 de agosto el interés para la seguridad nacional, la ciudad autónoma asegura que los efectivos estatales son insuficientes para garantizar el orden y tramitar las solicitudes de asilo o expulsiones.
El paso dado por Ceuta es previo a un posible recurso judicial. Si el Gobierno no actúa en el plazo establecido, la ciudad autónoma llevará el caso a los tribunales por inactividad administrativa. La medida refleja la ruptura de confianza entre el Gobierno central y Ceuta, donde el PP gobierna en solitario y acusa a Sánchez de abandonar a la ciudad en un momento crítico.
El requerimiento incluye una advertencia explícita: la falta de recursos ha obligado a paralizar servicios municipales no esenciales, agravando la crisis humanitaria. Mientras, el Gobierno central aún no ha respondido oficialmente a la demanda.
En el marco de la crisis, el Ministerio del Interior ha devuelto al primer migrante, un marroquí que entró en Ceuta antes del 30 de julio, 47 días después del asalto, lo que evidencia la lentitud de los procedimientos de expulsión y la necesidad urgente de acelerar la gestión de los 10.000 casos pendientes.
El requerimiento de Ceuta también solicita la tramitación inmediata de las solicitudes de protección internacional, subrayando que la ciudad autónoma debe contar con los recursos y la capacidad administrativa para gestionar tanto las expulsiones como los procesos de asilo, conforme a las competencias exclusivas del Estado en materia de extranjería.
