El documento de la IGAE, ocultado durante meses, vincula a Mar Chao con las bases de procesos selectivos ya juzgados
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado formalmente a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) el informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que cuestiona los procesos de contratación en el puerto, donde preside Mar Chao. El documento, elaborado en 2024, ya ha sido entregado a los fiscales, según fuentes del Puerto confirmadas a *The Objective*.
El informe, que la APV se negó durante meses a hacer público, cuestiona la política de Recursos Humanos del organismo y señala deficiencias en procesos selectivos que ya han derivado en dos juicios. El primero, en mayo, analizó la contratación de Alicia Gimeno, antigua trabajadora del Consorcio Valencia 2007, mientras que el segundo, celebrado esta semana, reveló que la presidenta Mar Chao redactó personalmente las bases de las convocatorias. La exjefa de Recursos Humanos declaró en el juicio que advirtió a Chao por escrito tras ignorar sus alertas verbales.
El documento también detectó carencias en los controles de incompatibilidades de miembros de tribunales de selección. La APV recurrió en los tribunales la orden del Consejo de Transparencia de facilitar el informe, pero la Fiscalía lo ha obtenido ahora para su investigación sobre el denominado *caso enchufismo*, que investiga si hubo una actuación coordinada para recolocar a antiguos trabajadores del Consorcio Valencia 2007.
La investigación penal avanza con declaraciones de funcionarios vinculados a la Fundación Deportiva Municipal y la Fundación Visit Valencia, dos organismos desde los que se impulsaron convocatorias coincidentes con la liquidación del Consorcio. Entre las personas señaladas figuran la alcaldesa María José Catalá, la presidenta del Puerto Mar Chao, las concejalas Rocío Gil y Paula Llobet, y varios trabajadores beneficiados.
La Fiscalía Anticorrupción encara ahora una fase decisiva: determinar si archiva el caso o traslada el asunto al juzgado. El informe de la IGAE, clave en este proceso, podría confirmar si hubo irregularidades en la gestión de personal del Puerto de Valencia.
