El presidente del Gobierno critica la derogación del decreto de registro de lobbies, que obligaba a declarar intereses privados en trámites legislativos
Pedro Sánchez ha acusado este jueves al Partido Popular (PP) y a Vox de «tapar a sus amos» al derogar el decreto que regulaba el registro de lobbies, una medida aprobada en 2023 para garantizar transparencia en la influencia privada sobre decisiones públicas. «No quieren que sepamos quiénes son sus amos», declaró Sánchez en una comparecencia, sin citar nombres concretos, pero aludiendo directamente a las dos formaciones que votaron en contra en el Congreso.
El decreto, en vigor desde enero de 2024, obligaba a empresas, asociaciones y grupos de interés a registrar sus contactos con cargos públicos y a declarar los fondos destinados a influir en políticas. Su derogación, impulsada por PP y Vox con apoyo de Sumar, elimina esta obligación para trámites como consultas previas a leyes o modificaciones regulatorias. Según datos del Registro de Lobby (dependiente del Congreso), en 2025 se inscribieron 478 grupos, un 12% más que en 2024, aunque la transparencia real dependía de su cumplimiento voluntario.
La medida responde a una estrategia política clara: el PP y Vox han criticado históricamente la «regulación excesiva» de la actividad de lobbies, mientras que el Gobierno justificó el decreto original como herramienta para evitar «puertas giratorias» entre la administración y sectores privados. Ahora, con su derogación, desaparece el único mecanismo público que auditaba estos contactos, algo que afecta directamente a sectores como energía, banca y farmacéuticas —los tres con mayor representación en el registro—. Cristina Garmendia, portavoz de Sumar, defendió la decisión: Cristina Garmendia, portavoz de Sumar, defendió la decisión, afirmando que era una herramienta burocrática que no evitaba conflictos de interés.
Lo que está en juego es el control ciudadano sobre decisiones clave. El decreto derogado exigía declarar incluso reuniones informales con cargos públicos, algo que ahora queda a criterio de cada grupo. Según un informe de Transparencia Internacional publicado en 2025, el 68% de los ciudadanos españoles considera que la influencia privada en políticas es un problema grave, pero solo el 32% confía en que las instituciones lo regulen. La derogación, además, llega en un momento de tensión por casos como el de las joyas de Zapatero (en los que se investiga financiación opaca) o las acusaciones de puertas giratorias en el sector energético.
El siguiente paso depende de la presión social. Organizaciones como Plataforma por la Transparencia ya han anunciado que recurrirán la derogación ante el Tribunal Constitucional, alegando que vulnera el derecho a la información. Mientras, el Gobierno ha anunciado que estudiará alternativas, aunque sin compromiso de restaurar el registro. La pregunta clave es si esta medida —y su derogación— refleja un patrón más amplio: ¿la transparencia en España avanza solo cuando hay consenso político, o retrocede cuando las mayorías cambian?
