Óscar Puente aprueba fondos para ampliar el aeropuerto malagueño y renovar trenes de Cercanías, pero el dinero queda bloqueado hasta la disolución de las Cortes
Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, aprobó el pasado martes en Consejo de Ministros 967 millones de euros para dos proyectos clave: la ampliación del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol y la renovación de siete trenes de alta capacidad en la red de Cercanías. Sin embargo, el Gobierno ha condicionado el desembolso a que las urnas ya hayan decidido el próximo Ejecutivo.
Los 900 millones para el aeropuerto —un proyecto estratégico en la provincia de Málaga, bastión electoral de Juanma Moreno— y los 66,7 millones para los trenes de Cercanías se aprobaron formalmente, pero su ejecución queda paralizada hasta que se forme el nuevo Gobierno tras las elecciones. Según fuentes del Ministerio, esta decisión responde a la necesidad de evitar que los fondos queden atrapados en un posible cambio de prioridades políticas tras el 28 de abril.
El aeropuerto de Málaga, gestionado por Aena, es uno de los más dinámicos de España, con más de 20 millones de pasajeros anuales. Su ampliación, que incluye la construcción de una nueva terminal y la modernización de infraestructuras, busca consolidar su posición como hub internacional en el Mediterráneo. Los siete trenes de alta capacidad, por su parte, formarán parte de la red de Cercanías Madrid, mejorando la conexión entre la capital y su área metropolitana.
El contexto: fondos bloqueados por la ley electoral
La decisión de Puente no es casual. La Ley Orgánica 5/1985 de Régimen Electoral General establece que, una vez disueltas las Cortes, cualquier gasto público que no esté ya comprometido debe suspenderse hasta la formación del nuevo Gobierno. Esto evita que un Ejecutivo saliente pueda comprometer recursos sin que el siguiente pueda modificarlos. En este caso, aunque los fondos ya fueron aprobados, su ejecución práctica queda en suspenso hasta que se conozcan los resultados electorales.
Este mecanismo, conocido como «parálisis presupuestaria», se activa automáticamente tras la disolución de las Cortes. Sin embargo, en la práctica, los proyectos ya aprobados suelen reactivarse rápidamente una vez conocido el resultado electoral, especialmente si el nuevo Gobierno mantiene las mismas prioridades. En el caso de Málaga, la cercanía de las elecciones andaluzas del 12 de junio —donde el PP de Moreno busca consolidar su victoria— añade un matiz político al anuncio.
¿Qué se juegan los actores?
Para el Gobierno central, la aprobación de estos fondos antes de las elecciones es una forma de dejar un legado tangible en una provincia clave para el PP andaluz. Málaga es una de las zonas donde la diferencia entre los partidos es más ajustada, y cualquier inversión en infraestructuras puede tener un impacto directo en el voto. Sin embargo, al bloquear su ejecución, el Ejecutivo evita el riesgo de que un Gobierno futuro —con posibles prioridades distintas— pueda paralizar o redirigir los fondos.
Por su parte, Juanma Moreno y el PP andaluz ven en este anuncio un refuerzo para su discurso de gestión. Aunque los fondos no se materialicen hasta después de las elecciones, el simple hecho de que el Gobierno central los haya aprobado puede ser utilizado como argumento de campaña. No obstante, la oposición podría criticar que se trata de una medida «electoralista», especialmente si los fondos no se ejecutan a tiempo para beneficiar a los ciudadanos antes del 28 de abril.
En el ámbito institucional, Aena y los operadores de Cercanías Madrid ya han mostrado interés en avanzar con los proyectos, pero su capacidad de acción depende de la llegada de los fondos. Si el nuevo Gobierno prioriza otros proyectos, la ampliación del aeropuerto o la renovación de trenes podría retrasarse, afectando a la planificación urbana y al transporte en la región.
