El Gobierno pierde su primera votación parlamentaria del curso por una norma que excluye a partidos y embajadas y prioriza fondos europeos
El Congreso de los Diputados ha rechazado este martes la convalidación del decreto que regulaba el sector del lobby, con 179 votos en contra —PP, Vox y Junts— frente a 155 a favor. La norma, impulsada por el Gobierno para cumplir con Bruselas y desbloquear 1.000 millones de fondos europeos, excluía de la obligación de transparencia a partidos políticos y embajadas, lo que generó rechazo transversal.
El texto, tramitado como real decreto para agilizar su aprobación, designaba al Consejo de Transparencia —y no a la Oficina de Conflictos de Intereses, más cercana a Moncloa— como responsable del registro. Sin embargo, su contenido —que algunos lobistas consideraron insuficiente y otros una «legalización del lobismo»— dividió incluso al sector. La Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales (APRI) defendió su aprobación como base para una futura ley mejorada, mientras el BNG criticó la falta de regulación de puertas giratorias o la inclusión de sindicatos y patronales.
El Partido Popular acusó al Gobierno de usar el decreto como «truco legislativo» para evitar el control parlamentario, recordando que el PSOE ya presentó un proyecto de ley de lobbies en enero de 2025 sin avanzar. Vox, por su parte, denunció que la vía del real decreto se ha convertido en «procedimiento habitual» del Ejecutivo. Junts, en cambio, lo tachó de «ley de las grandes empresas del Ibex35», rechazando cualquier vinculación con el sector catalán.
La derrota —primer fracaso parlamentario del Gobierno en este curso— obliga ahora a Sánchez a retomar la tramitación de una ley que lleva años paralizada. El sector, presionado por casos como el de Víctor de Aldama o las investigaciones sobre José Luis Rodríguez Zapatero, busca una regulación que elimine el estigma de opacidad que rodea al lobby en España, donde actividades similares están plenamente reguladas en el mundo anglosajón.
El ministro Óscar López justificó la urgencia del decreto por la presión de Bruselas, pero la oposición lo interpretó como una maniobra para eludir el debate democrático. La Oficina de Conflictos de Intereses, por su parte, habría sido la opción técnica más adecuada para gestionar el registro, según críticos del texto.
