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Mié. Sep 16th, 2026

Ibáñez acusa a la Audiencia Nacional de ‘golpe de Estado’ por paralizar el campamento de Ceuta

El Parlamento Europeo exige investigar el asalto a Ceuta como ataque híbrido a la UE
Xemenendura (CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons)
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El diputado de Compromís pide abolir el órgano judicial; Pérez Llorca exige su dimisión y Compromís pide condena sin matices

Alberto Ibáñez, diputado de Compromís en el Congreso, ha acusado este lunes a la Audiencia Nacional de un «golpe de Estado» por su decisión de paralizar el campamento de inmigrantes en el Puerto de Ceuta hasta resolver su suspensión. En su cuenta de X, el parlamentario ha ido más allá y ha abogado por «abolir» el tribunal.

La polémica surge tras la resolución judicial que frena temporalmente el dispositivo de acogida en Ceuta, una medida que Ibáñez vincula a una supuesta «injerencia política» en la justicia. Su postura contrasta con la línea institucional, donde figuras como el presidente valenciano Juanan Pérez Llorca —también líder del PP en la Comunidad— han condenado sus palabras. «Alguien que ataca a los jueces y cuestiona las instituciones judiciales no puede representar a nadie en una democracia», declaró Pérez Llorca, quien exigió su dimisión «inmediata».

El portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas, Joan Baldoví, ha sido emplazado por Pérez Llorca a «condenar sin matices» las declaraciones de Ibáñez, pedir «perdón» y exigir «responsabilidades». La Audiencia Nacional, por su parte, no ha reaccionado aún a las acusaciones, pero su decisión sobre el campamento de Ceuta —que ya supera los límites de capacidad— ha reavivado el debate sobre el papel de los tribunales en crisis migratorias.

El caso refleja la tensión entre discursos políticos y el marco legal: la Audiencia Nacional actúa en el ámbito de sus competencias, mientras figuras como Ibáñez cuestionan su independencia. La Generalitat Valenciana, gobernada por Compromís, evita pronunciarse directamente, pero la presión desde el PP valenciano —que comparte gobierno con el partido de Ibáñez en la Comunidad— podría forzar una postura pública.

La polémica llega en un contexto de creciente polarización sobre la gestión de la inmigración, donde instituciones judiciales y políticas chocan en la definición de competencias. Mientras, el campamento de Ceuta sigue paralizado, sin fecha clara para reanudarse, lo que agrava la situación humanitaria.

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