El Tribunal Supremo frena la aplicación de la disposición estrella del Gobierno, cuatro años después de su aprobación, tras advertir de un posible impacto en las elecciones
El Tribunal Supremo ha paralizado la aplicación de la disposición conocida como *’ley de nietos’* dentro de la Ley de Memoria Democrática, una de las medidas estrella del Gobierno de Pedro Sánchez, por considerar que existe un *»peligro real»* de alterar el proceso electoral español. La decisión, adoptada este martes, llega cuatro años después de su aprobación y pone en evidencia las tensiones internas en el PSOE, donde figuras como el expresidente de la Comisión Europea y exministro de Exteriores, **Josep Borrell**, ya han cuestionado su utilidad.
La disposición, que permite a descendientes de exiliados republicanos acceder a la nacionalidad española, se enfrenta ahora a un obstáculo judicial que podría limitar su impacto antes de las próximas citas electorales. El Supremo argumenta que su aplicación podría generar un *»efecto dominó»* en reclamaciones futuras, afectando a la estabilidad del sistema electoral. Según fuentes judiciales, la medida podría haber sido diseñada sin un análisis suficiente de sus consecuencias legales a largo plazo.
El Gobierno, sin embargo, mantiene su postura a través del PSOE, que sigue defendiendo la ley como un avance en la reparación histórica. La división interna en el partido se agudiza: mientras el Ejecutivo insiste en su utilidad, voces como las de Borrell —que ya advirtieron en 2023 sobre posibles *»distorsiones»*— ganan peso. La decisión del Supremo, además, llega en un momento clave, cuando el Gobierno busca consolidar su narrativa en materia de derechos y memoria, un área donde tradicionalmente ha tenido apoyo social.
La paralización no anula la ley, pero sí suspende su aplicación práctica hasta que se resuelvan las alegaciones presentadas. Esto deja en el aire el futuro de cientos de expedientes ya en trámite, muchos de ellos vinculados a familias afectadas por la Guerra Civil. La medida, aprobada en 2022 con amplia mayoría parlamentaria, se enmarca en un contexto de tensiones entre el Ejecutivo y sectores de la oposición, que ven en ella un intento de capitalizar políticamente un tema sensible.
El impacto político es inmediato: el Gobierno deberá decidir si apela la decisión o negocia con el Supremo para ajustar los términos de la ley. Mientras, el PSOE enfrenta el riesgo de verse desbordado por una medida que, en origen, buscaba ser un símbolo de reconciliación nacional. La paralización también abre la puerta a que otros partidos, como el PP o Vox, cuestionen otras disposiciones de la ley, como la exhumación de fosas o la retirada de símbolos franquistas, que ya han generado polémica en varias comunidades autónomas.
