La norma crea un registro estatal y obligatorio, y introduce la publicidad de reuniones y un código de conducta
El Consejo de Ministros aprobó ayer el Real Decreto-ley de transparencia e integridad de los grupos de interés, que equipara la práctica profesional del lobby y los asuntos públicos a los principales estándares europeos. La norma crea un registro estatal, público y obligatorio, y introduce la publicidad de reuniones, la huella normativa, un código de conducta y un régimen sancionador.
La Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom), la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), AP Institute y H/Advisors Public Affairs Spain coinciden en considerar positivamente la regulación, que «reconoce la legitimidad de la representación de intereses y proporciona mayor seguridad jurídica» a empresas, organizaciones, profesionales e instituciones.
El impacto en el sector
Fuentes de empresas del Ivet 35 confirmaron que se trata de «una muy buena noticia» que permitirá reforzar y ampliar sus áreas y necesidades de asuntos públicos. La norma permite integrar plenamente los asuntos públicos en los sistemas de gobierno corporativo, compliance y gestión de riesgos.
La seguridad jurídica
El presidente de la Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom), Joaquín Motriz Costa, valoró muy positivamente la aprobación de la regulación. «Después de muchos años de espera, es una muy grata noticia que España, finalmente, dé un paso decisivo hacia una relación más transparente, íntegra y responsable entre los grupos de interés y las instituciones públicas».
APRI, organización de referencia de los profesionales de los asuntos públicos en España, considera que el decreto incorpora varias de las principales reivindicaciones planteadas por el sector durante más de quince años. Su presidente, Carlos Parry, destacó que la regulación constituye una cuestión de calidad democrática y pidió a las fuerzas políticas que garanticen su convalidación y proporcionen a España un marco «estable, exigente y duradero».
España ocupa ya la cuarta posición entre los países de la UE por número de grupos de interés inscritos en el Registro de Transparencia de Bruselas, con más de 1.000 entidades registradas. El nuevo marco nacional, al alinearse con el registro europeo, facilita la trazabilidad y la supervisión independiente, aspectos que las compañías españolas y multinacionales han estado aplicando bajo las reglas europeas durante años.
El Real Decreto-ley también introduce la huella normativa, un mecanismo que permite a las autoridades y a los ciudadanos rastrear la evolución de las actividades de lobby de cada grupo de interés a lo largo del tiempo, garantizando una mayor trazabilidad. Además, el régimen sancionador contempla multas progresivas y la posibilidad de prohibir la participación en procesos públicos a los grupos que incumplan las obligaciones de registro o publicidad, reforzando así la integridad del proceso democrático.
