La formación de Abascal registra propuestas para priorizar a españoles y vincular sanidad a residencia legal, en plena tensión con el PP valenciano
José María Llanos, portavoz de Vox en las Cortes Valencianas, ha registrado el lunes varias propuestas de resolución para presionar al Gobierno autonómico de Juanan Pérez Llorca (PP). Entre ellas, destaca la exigencia de excluir del acceso a la vivienda pública a personas condenadas por allanamiento o usurpación en los cinco años anteriores, una medida que busca reforzar el principio de prioridad nacional ya incluido en los presupuestos de 2026.
La propuesta, que deberá ser respaldada por el PP para aprobarse el miércoles, incluye un sistema de baremación para adjudicar viviendas que valore el arraigo real y prolongado en España y la Comunidad Valenciana. Según Vox, se tendrán en cuenta criterios como la escolarización, la trayectoria laboral o la cotización, además de cualquier otra circunstancia que acredite necesidad especial. La formación también pide al Consell que exija al Gobierno central vincular la atención sanitaria a la residencia legal, una demanda que choca con la postura del Ejecutivo valenciano, que ya ha descartado acoger más menores extranjeros no acompañados (menas) por falta de capacidad.
El debate parlamentario de el lunes no mostró señales de ruptura del pacto entre Vox y el PP, pero el horizonte electoral eleva el listón de las exigencias. La formación de Abascal ya había recordado al PP sus compromisos en educación, como la creación de un canal autonómico de denuncias confidenciales para familias que aleguen vulneración de la neutralidad ideológica en colegios e institutos. La propuesta, aprobada en los presupuestos de 2026, incluye la obligación de trasladar las denuncias a la Inspección educativa y responder a las familias en un plazo razonable. Vox detalla que las denuncias podrían versar sobre materiales no autorizados, actividades políticas o vulneración de derechos parentales.
El presidente valenciano, Juanan Pérez Llorca, ya había advertido en agosto que la Comunidad Valenciana no tiene capacidad para acoger más menores, en un contexto marcado por la crisis de Ceuta. Sin embargo, Vox le exige publicar estadísticas sobre delincuencia e inseguridad asociada a la inmigración masiva, una demanda que podría tensar aún más las relaciones con el PP en los próximos meses.
Las propuestas de Vox, registradas al término del debate de política general, buscan presionar al Consell en áreas clave como vivienda, educación e inmigración, donde la formación de Abascal mantiene posturas más duras que las del PP valenciano. La votación de el miércoles será clave para medir el apoyo real del partido de Feijóo a estas medidas.
