José María Llanos exige al president que priorice la expulsión de inmigrantes en la Oficina de Arraigo, creada tras su presión al PP
José María Llanos, portavoz de Vox en las Cortes Valencianas, ha cerrado el apoyo a los presupuestos de 2026 tras acusar al president Juanan Pérez Llorca de no mencionar en su discurso la la prioridad nacional sobre la inmigración. La oficina de Arraigo y Retorno, impulsada por el PP como condición para aprobar las cuentas, no sirve para integrar, denunció Llanos, quien exigió que se use exclusivamente para el retorno de extranjeros.
El debate político se enciende en un contexto de crecimiento de delitos en la Comunidad Valenciana —agresiones sexuales, tráfico de drogas y robos violentos—, según datos citados por Llanos. Su partido justifica el bloqueo con estos argumentos, aunque ya había acordado con el PP medidas como la creación de esa oficina, que ahora critica por confundir sus objetivos. El portavoz radical también recordó que, pese a los acuerdos legislativos, su proyecto «va más allá» de lo pactado, un mensaje claro para las elecciones.
La Oficina de Arraigo y Retorno, operativa desde septiembre, tiene como funciones oficiales acompañar la inserción laboral y educativa de migrantes, facilitar la homologación de títulos y promover el retorno voluntario. Sin embargo, Vox la concibe como un instrumento para expulsiones, una interpretación que choca con la línea del PP —que la presenta como un «mecanismo de integración ordenada»—. El conflicto refleja la tensión entre ambos partidos por liderar la agenda migratoria en Valencia, donde el PP ya había anunciado su creación antes de que Vox exigiera su inclusión en los presupuestos.
El debate de política general en las Cortes Valencianas ha servido para que Llanos acumule críticas: además de Pérez Llorca, ha señalado al Gobierno de Pedro Sánchez como responsable de la crisis social en la región. Su discurso, de dos horas, ha evitado mencionar la inmigración, un tema clave para Vox, que lo usa como argumento electoral. La presión sobre el PP por cumplir sus promesas —como la oficina— demuestra que, pese a los acuerdos parlamentarios, la alianza entre ambos partidos en Valencia sigue frágil, especialmente en un año preelectoral.
La Generalitat Valenciana, gobernada por el PP con apoyo de Vox, enfrenta ahora el desafío de aprobar los presupuestos sin el respaldo de la derecha radical. Pérez Llorca, que evitó aludir a la inmigración en su intervención, deberá negociar con Llanos para desbloquear las cuentas, aunque las condiciones de Vox —como el uso exclusivo de la oficina para expulsiones— chocan con el discurso oficial del PP. El episodio subraya cómo la inmigración se ha convertido en el eje central de la política valenciana, con implicaciones directas para la estabilidad del Gobierno autonómico.
