El decreto incluye ayudas fiscales y créditos para jóvenes, pero la prohibición a fondos buitre sigue en negociación con el PNV
El Consejo de Ministros aprobará este martes 28 de septiembre un Real Decreto-ley para paliar la crisis de vivienda, con una medida estrella: la prórroga automática de hasta dos años para los contratos de alquiler que venzan antes del 31 de diciembre de 2028. Una solución que ya se aplicó de forma temporal en primavera y que ahora se consolida como respuesta a las presiones de la izquierda, aunque sin incluir aún la prohibición a fondos buitre que reclama Junts per Cataluña.
El borrador del decreto, al que ha tenido acceso La Vanguardia, detalla que esta prórroga se solicitará anualmente y será obligatoria para los arrendadores. Sin embargo, la negociación con los socios de gobierno —especialmente con el PNV— sigue abierta en puntos clave, como la limitación a la compra de viviendas por parte de fondos de inversión, una medida que Junts pide que sea temporal y no definitiva.
Para compensar, el Gobierno ha incluido otras concesiones: protección a pequeños propietarios en casos de desahucio, con una compensación económica que determinará un tribunal, y desgravaciones fiscales para inquilinos en zonas pensionadas. La base imponible anual para deducir el 10% del alquiler se eleva hasta 33.000 euros, una cifra superior a la propuesta inicial de la coalición. También se suspenderán desahucios para vulnerables sin alternativa habitacional, aunque los pequeños propietarios recibirán una indemnización pública.
El decreto también introduce ayudas concretas para jóvenes: créditos a 10 años y 0% de interés —hasta 50.000 euros o el 20% del valor del inmueble— a través del ICO, bajo la línea Tu casa. Además, se regula el alquiler turístico, imponiendo un IVA del 21%, y se propone limitar las subidas de alquiler al 2%, aunque el Sindicato de Inquilinas exige una congelación total (0%). Sumar, por su parte, apoya la prórroga de contratos, pero discrepa en las condiciones de aplicación.
La medida más polémica —la prohibición a fondos buitre— sigue en el aire. Mientras el Gobierno negocia con Junts y el PNV, el texto definitivo podría incluir una versión temporal de esta limitación, aunque sin el alcance que pide la izquierda. La aprobación del decreto el martes marca un paso clave, pero su éxito dependerá de cómo se resuelvan estos puntos en las próximas semanas.
La crisis de vivienda y la presión de Podemos y Sumar
La crisis de vivienda en España lleva años agravándose, con precios en alza y un mercado dominado por grandes fondos de inversión. La medida de prórroga de contratos responde a una demanda histórica de partidos como Podemos y Sumar, que han denunciado la especulación inmobiliaria. El Gobierno ya intentó una solución similar en primavera, pero la presión social y la falta de consenso en el Congreso obligaron a replantearla.
El PNV y Junts, socios de gobierno, han condicionado su apoyo a cambios en el texto. Mientras el primero prioriza protecciones para pequeños propietarios, Junts insiste en limitar el poder de los fondos buitre, una medida que el PP y sectores del mercado ya han tachado de «intervencionista». La negociación se centra en equilibrar estas posturas sin romper la coalición.
El Gobierno se juega el apoyo de Junts y el PNV
Para el Gobierno, este decreto es una prueba de fuego: debe demostrar que actúa contra la especulación sin perder el apoyo de sus socios. Junts y el PNV ganan visibilidad con medidas que benefician a sus electores —pequeños propietarios en el caso del PNV, inquilinos en el de Junts—, pero arriesgan tensiones si el texto final no cumple sus exigencias. El PP, en la oposición, ya ha advertido de que recurrirá el decreto si incluye limitaciones a fondos de inversión, alegando «atentado al mercado».
Los inquilinos y jóvenes son los principales beneficiarios, pero su impacto real dependerá de cómo se apliquen las ayudas. Por ejemplo, los créditos del ICO podrían aliviar el acceso a la vivienda, pero su alcance limitado (50.000 euros) deja fuera a muchos. La suspensión de desahucios, por su parte, alivia a corto plazo, pero la compensación económica a propietarios podría generar resistencias.
El plazo hasta diciembre de 2028 da margen para ajustes, pero la negociación con Junts y el PNV sigue abierta. Si no hay acuerdo, el decreto podría aprobarse sin la prohibición a fondos buitre, dejando una promesa incumplida para la izquierda. La próxima semana será clave: el Gobierno deberá decidir si prioriza el consenso o arriesga la ruptura con sus socios.
Entre las medidas fiscales que sí figuran en el borrador, el texto contempla desgravaciones para los caseros que no suban el precio del alquiler y bonificaciones para las cuentas de ahorro destinadas a la compra de una vivienda, con el objetivo de movilizar el ahorro privado hacia el acceso a la propiedad. Estas bonificaciones se suman a la deducción del 10% para inquilinos en zonas pensionadas, que equivale aproximadamente al importe de una mensualidad de alquiler. En cambio, el Ejecutivo no ha recuperado por ahora la desgravación de las cuotas hipotecarias que reclamaba JxCat, un beneficio que en la actualidad solo alcanza a quienes suscribieron sus préstamos antes de 2013.
El decreto también regula el alquiler de temporada, una figura que en los últimos años ha crecido al margen de la normativa de arrendamientos urbanos y que el Gobierno busca acotar para evitar usos fraudulentos. La imposición de un IVA del 21% a las viviendas turísticas se enmarca en ese mismo esfuerzo por ordenar un segmento que compite directamente con el alquiler residencial en las zonas más pensionadas. Queda pendiente, no obstante, cerrar la limitación de la actualización anual de las rentas: el Ministerio de Vivienda plantea top ar las subidas al 2%, mientras el Sindicato de Inquilinas reclama una congelación efectiva del 0%.
