Operativo en la playa de Benítez traslada a los recién llegados al CATE, pero muchos huyen ante la presión policial
La Policía Nacional ha iniciado este martes 29 de septiembre un desalojo masivo en la playa de Benítez (Ceuta) para expulsar a los migrantes que ocupan el asentamiento junto a la planta desaladora. El operativo, que comenzó a primera hora, moviliza a decenas de efectivos y traslada a los afectados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) en el Tarayal, donde se realizará su identificación.
La medida responde a la llegada masiva de migrantes los días 30 y 31 de julio, cuando miles se concentraron en la zona. Según fuentes policiales, el objetivo es acelerar los trámites de filiación, aunque muchos intentan huir al detectar la presencia de las fuerzas de seguridad. El pasado domingo ya se registraron escenas similares, con migrantes corriendo hacia zonas de monte cercanas al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) para evitar el desalojo.
El CATE, ubicado en la frontera del Tarayal, es el destino designado para los migrantes desalojados. Sin embargo, la tensión persiste: los autobuses que los transportan generan carreras entre los afectados, que buscan escapar de la playa. Este operativo forma parte de una estrategia continuada desde el pasado fin de semana para disolver el asentamiento, aunque la presión policial no siempre logra contener la llegada de nuevos grupos.
El contexto es clave: Ceuta, con una capacidad limitada para gestionar flujos migratorios, enfrenta una crisis que se agrava con la llegada de personas desde Marruecos. La playa de Benítez, próxima a la desaladora, se ha convertido en un punto crítico, donde la falta de infraestructuras y la saturación de recursos complican la respuesta institucional. Mientras, el Gobierno central y las autoridades autonómicas mantienen un pulso por la gestión de la frontera, con acusaciones cruzadas sobre la falta de coordinación.
El desalojo, aunque necesario, refleja la dificultad para controlar el flujo migratorio en una ciudad con recursos limitados. La situación obliga a priorizar la identificación y el traslado, pero también expone las carencias estructurales en la atención a personas en situación irregular. La próxima semana será clave para evaluar si el operativo logra estabilizar la zona o si la presión migratoria sigue creciendo.
