PP y Vox aprueban la adhesión con 45 municipios ya en la red, mientras Compromís denuncia que el Ayuntamiento prioriza okupación sobre desahucios
El Ayuntamiento de Valencia ha aprobado este martes, con los votos del Partido Popular (PP) y Vox, su adhesión a la Red de Municipios Afectados por la Okupación (Red MAO), una red que ya integra 45 municipios y que busca coordinar acciones contra las okupaciones. Simultáneamente, el pleno rechazó por segunda vez una moción de urgencia presentada por Compromís para crear un escudo social contra desahucios, que el grupo critica como una medida clave para frenar la especulación inmobiliaria.
La decisión, impulsada por el equipo de gobierno liderado por la alcaldesa María José Catalá (PP), responde a un aumento de las okupaciones en la ciudad: según datos del Ayuntamiento, en el primer semestre de 2025 había 82 viviendas okupadas en toda Valencia, frente a las 60 registradas en el barrio de Orrios al inicio de la legislatura. El concejal de Movilidad y Seguridad, Jesús Carbonell (PP), defendió la adhesión a la Red MAO como una medida para garantizar la seguridad jurídica de los propietarios y facilitar el acceso al mercado de alquiler. «Los propietarios tienen derecho a que los poderes públicos actúen en defensa de sus derechos», declaró Carbonell, quien subrayó que la red no generará gastos adicionales, sino que servirá para coordinar servicios de asesoramiento y mapeo de zonas con mayor incidencia.
Sin embargo, PSPV-PSOE y Compromís acusaron al Ayuntamiento de priorizar la okupación sobre el drama de los desahucios. El portavoz socialista, Sanjuan, recordó que Valencia cerró en 2024 su oficina de derecho a la vivienda —que atendía a 6.000 expedientes pendientes— para abrir una nueva oficina antiokupación, que según sus datos solo atiende 59 casos en una ciudad con más de 400.000 inmuebles. «El problema no es la okupación, sino la especulación: una sola persona acumula 318 viviendas mientras la mayoría no puede pagarlas», denunció Sanjuan, citando el caso de Mari Carmen, la octogenaria desahuciada en Madrid, como símbolo de la crisis.
Compromís fue aún más crítico. Su portavoz, Ferran Puchades, tachó la adhesión a la Red MAO de «fanatismo ideológico» y cuestionó la credibilidad del gobierno municipal tras la investigación abierta a un concejal (Juan Manuel Badenas) por un presunto allanamiento en la sede del Sindicat d’Estudiants del País Valencià. Puchades también recordó que Valencia es la segunda comunidad con más desahucios en 2026 (741 hasta septiembre), y reprochó que las ayudas al alquiler aprobadas por el pleno siguen sin ejecutarse meses después.
Mientras, el PP y Vox rechazaron la moción de escudo social, argumentando que la política de vivienda de Catalá ya aborda ambos frentes: ayuda a quienes buscan vivienda y protege a quienes la tienen. No obstante, la oposición insistió en que la medida no resuelve el vacío legal que permite la acumulación de viviendas por fondos buitre, un problema que, según Compromís, las administraciones «ignoran» mientras se centran en combatir okupaciones puntuales.
