El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, celebra las medidas del Tribunal Supremo pero advierte de que las nacionalidades siguen concediéndose
José Antonio Fúster, portavoz nacional de Vox, ha pedido este lunes al Partido Popular que impulse una comisión de investigación en el Senado para esclarecer cómo se aplicó la interpretación de la llamada ‘ley de nietos’ y su posible impacto en el censo electoral de españoles residentes en el extranjero. La formación exige determinar quién redactó las instrucciones, qué informes jurídicos existían y cuántas nacionalidades se concedieron bajo este criterio.
Fúster ha celebrado las medidas cautelares del Tribunal Supremo, que frenaron temporalmente el efecto electoral de la interpretación, pero ha advertido de que «las nacionalidades siguen concediéndose». La comisión, según su propuesta, permitiría obligar a comparecer a responsables políticos y acceder a documentos clave. «Estamos hablando de quién puede decidir el Gobierno de España», ha señalado.
El PP, con mayoría en el Senado, ha rechazado la iniciativa. Su portavoz, Borja Sémper, ha argumentado que «políticamente no necesitamos una comisión» para entender que «una instrucción no está por encima de una ley». La ‘ley de nietos’ —aprobada en 2022 para facilitar la nacionalidad a descendientes de españoles— generó polémica por su aplicación retroactiva y su posible uso electoral.
Mientras, Fúster también ha denunciado la crisis en Ceuta, donde ha acusado al Gobierno de «consentir una invasión» por la falta de control fronterizo. Vox ha registrado una modificación de la Ley Orgánica de Defensa Nacional para que las Fuerzas Armadas colaboren en la lucha contra la inmigración ilegal, y ha reclamado aplicar el artículo 102 de la Constitución si se demuestran «hechos de especial gravedad».
El acuerdo de 2007 entre España y Marruecos, que regula la devolución de menores extranjeros no acompañados, es otro punto de tensión que Vox señala como incumplido por el Gobierno. La modificación de la Ley Orgánica de Defensa Nacional, aprobada en marzo de 2024, permite a las Fuerzas Armadas colaborar con la Guardia Civil y la Policía Nacional en la lucha contra la inmigración ilegal.
