El partido de Abascal imputa a Elena Manzanera por presuntos delitos electorales y de prevaricación en el censo de nacionalidades
Vox ha presentado este viernes un escrito ante el Tribunal de Instrucción número 3 de Madrid para ampliar la querella que ya interpuso en julio contra Sofía Puente y su sucesora, María Ester Pérez, por su gestión de la ley de memoria democrática (conocida como ‘ley de nietos’). Ahora, el partido de Santiago Abascal incluye en la demanda a Elena Manzanera, presidenta del INE y directora de la Oficina del Censo Electoral, a quien acusa de un presunto delito electoral y otro de prevaricación administrativa por omisión.
La acusación se centra en la supuesta falta de control sobre la incorporación al censo de personas que obtuvieron la nacionalidad española gracias a la ley de nietos. Según el escrito de Vox, Manzanera habría incumplido sus obligaciones al no garantizar que los criterios de inclusión en el padrón electoral se aplicaran de manera rigurosa. La querella original, admitida a trámite esta misma semana, ya investigaba a Puente y Pérez por su papel en la tramitación de la ley, pero ahora se extiende a Manzanera como responsable directa del censo.
El INE (Instituto Nacional de Estadística) es el organismo público encargado de elaborar y mantener el censo electoral, un registro clave para las elecciones en España. Su presidente, nombrado por el Gobierno, tiene competencias para supervisar la incorporación de nuevos ciudadanos al padrón, especialmente en casos como el de la ley de nietos, que permitió regularizar la situación de miles de descendientes de españoles exiliados durante el franquismo. La ley, aprobada en 2022, ha sido objeto de polémica por su impacto en el censo y las acusaciones de irregularidades en su aplicación.
Esta ampliación de la querella llega en un contexto de creciente tensión política alrededor de la gestión de la memoria histórica y los derechos de ciudadanía. Mientras el Gobierno defiende la ley como una medida de justicia, la oposición —con Vox a la cabeza— la critica por supuestos fraudes y falta de transparencia. La inclusión de Manzanera en el proceso judicial podría agravar el conflicto, dado que su cargo en el INE le otorga una posición institucional clave en la administración electoral.
El próximo paso será la decisión del juzgado sobre si admite a trámite la ampliación de la querella. Si prospera, Manzanera podría ser citada como investigada, lo que añadiría un nuevo frente judicial a un debate ya polarizado. La fiscalía aún no ha tomado postura pública sobre este caso, pero su resolución podría tener implicaciones en la credibilidad del censo electoral de cara a futuras elecciones.
