El presidente ceutí reclama «voluntad y medios» para gestionar la crisis migratoria, con más de 300 expulsados por delitos y 30.000 personas aún sin identificar oficialmente
Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta (PP), ha calificado de «salida de tono» las palabras de Pedro Sánchez sobre la crisis migratoria y exige al Gobierno «voluntad, medios y organización» tras 50 días sin resolver el colapso. Vivas acusó al Ejecutivo central de no identificar a los migrantes —ni siquiera a los menores— y de ignorar que la competencia en identificación corresponde al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno, no a Ceuta.
La ciudad autónoma lleva semanas bajo presión: según datos oficiales citados por el ministro Ángel Víctor Torres, solo 300 migrantes han sido expulsados por delitos graves, pero Vivas denunció que ninguno ha sido devuelto a Marruecos desde el episodio masivo de julio. «Hasta ahí podíamos llegar», advirtió, al tiempo que insistió en que la solución pasa por retornos al país vecino, considerado «seguro» por la UE según el Pacto Europeo de Migración y Asilo.
Vivas rechazó abordar la crisis con «procedimientos ordinarios» y la definió como una «agresión a la integridad territorial» de España. Su reclamo coincide con la falta de cifras oficiales: tras 50 días, el Gobierno aún no ha confirmado cuántas personas permanecen en Ceuta, una omisión que el presidente autonómico vinculó directamente a la «falta de dirección» del Ejecutivo.
La tensión política escaló cuando Sánchez remitió a los periodistas a preguntar a Vivas por los menores en las calles, una respuesta que el presidente ceutí tachó de evasiva. Mientras, la Delegación del Gobierno en Ceuta —encargada de tutelar a los menores— sigue sin clarificar cómo se gestionarán las más de 30.000 personas no identificadas oficialmente, según estimaciones locales.
El conflicto refleja un patrón: Ceuta, como Melilla, depende de acuerdos con Marruecos para resolver crisis migratorias, pero el Gobierno central evita asumir competencias directas. Vivas advirtió que, sin cambios, la situación «puede empeorar», mientras la oposición —especialmente PP y Vox— usa el caso para presionar por una respuesta más contundente.
