La Junta Electoral Central pide a Exteriores certificar los expedientes con exilio demostrado y examinará el informe complementario cuando lo reciba
La Junta Electoral Central ha requerido a la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares, dependiente del ministro José Manuel Albares, para que los registros consulares certifiquen qué expedientes del CERA corresponden a personas que acreditaron el exilio exigido por la Ley de Memoria Democrática. El requerimiento llega después de que el Tribunal Supremo haya obligado a la Oficina del Censo Electoral a separar esas altas de las incorporaciones amparadas en la presunción o en la interpretación expansiva introducida por la Instrucción de Sofía Puente.
El árbitro electoral también ha trasladado el requerimiento del informe complementario que solicitó en julio a la Oficina del Censo Electoral. La Junta lo examinará «con carácter inmediato» cuando lo reciba. La pelota está ahora en el tejado de la oficina que dirige legalmente Elena Manzanera y que gestiona operativamente María Lourdes Abella.
Abella es la firmante del informe de 10 de julio que dejó sin respuesta cinco cuestiones esenciales sobre las altas, los controles consulares y la provincia a la que termina adscrito cada nuevo elector. Dos nombramientos producidos por el Gobierno de Pedro Sánchez coincidieron con la transformación de la metodología del cómputo del censo de población y con el mayor aumento de electores tras la instrucción firmada por la directora general de Seguridad y Fe Pública, Sofía Puente, cinco días después de la entrada en vigor de la ley de Memoria Democrática.
El salto del CERA desde noviembre de 2022
Desde el 1 de noviembre de 2022, primer cierre mensual posterior a la entrada en vigor de la norma, hasta el 1 de agosto de 2026, el CERA pasó de 2.290.583 a 2.747.688 electores. Son 457.105 incorporaciones en 45 meses, un 19,96 % más. Para comprender cómo se llegó a este punto hay que remontarse a la salida del hombre que dirigía simultáneamente las estadísticas económicas y el censo electoral español.
Cuando Juan Manuel Rodríguez Poo dejó la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística en 2022, el debate público se concentró en las discrepancias entre el organismo y el Gobierno sobre el crecimiento económico y la inflación. El Ejecutivo de Pedro Sánchez lo había nombrado en octubre de 2018. El 27 de junio de 2022 formalizó su renuncia alegando «motivos personales», después de que el Ministerio de Economía de Nadia Calviño cuestionara públicamente las cifras del INE.
Su salida provocó una alarma sobre la independencia del organismo. La Asociación de Estadísticos Superiores del Estado denunció una anomalía sin precedentes y la oposición acusó al Gobierno de presionar al instituto encargado de medir la evolución de la economía. El Ejecutivo concentró todo el debate en el PIB.
El censo que también dirigía Rodríguez Poo
Rodríguez Poo no era solamente el responsable de las estadísticas económicas. Por razón de su cargo dirigía legalmente la Oficina del Censo Electoral, el órgano que forma, actualiza, supervisa y controla el registro de quienes tienen derecho a votar en España. También participaba, con voz pero sin voto, en la Junta Electoral Central.
Así que el Gobierno no estaba sustituyendo únicamente al responsable del PIB. Estaba reponiendo también al máximo responsable institucional del censo electoral. Y lo hizo en un momento decisivo. El INE acababa de completar la mayor transformación de la historia reciente del censo de población. Pocas semanas después del relevo comenzarían a confluir sobre el censo exterior la supresión del voto rogado, la Ley de Memoria Democrática y la interpretación expansiva de la Instrucción de Sofía Puente conocida como ley de nietos.
La ruptura con el recuento tradicional comenzó durante el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Hasta 2011, el censo se había basado en la enumeración y comprobación exhaustiva de los hogares. Ese año el INE implantó un sistema híbrido: utilizó el Padrón y otros registros administrativos y los completó con una encuesta dirigida aproximadamente al 12 % de la población.
La culminación llegó en 2021, con Sánchez en La Moncloa y Rodríguez Poo al frente del organismo. Por primera vez, el recuento se construyó enteramente mediante bases de datos procedentes de registros administrativos. El Padrón, el Registro Civil y otras bases públicas sustituyeron la encuesta a los hogares como instrumento para determinar cuántas personas vivían en España y dónde residían. El propio INE lo denominó un «cambio de paradigma». El censo dejó de ser una gran operación decenal basada en visitas y pasó a convertirse en una reconstrucción estadística reproducible anualmente. El Estado ya no necesitaba llamar a cada puerta para formar el censo: integraba la información almacenada por sus administraciones.
Ningún país comparable a España por población había dado ese salto. Entre los once censos íntegramente registrales analizados por la Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa (UNECE), España más que cuadruplica al segundo Estado más poblado. Rodríguez Poo salió inmediatamente después de culminar esa transformación sin precedentes que ningún país del tamaño de España se ha atrevido a dar. Y para sustituirlo, Nadia Calviño eligió a una especialista en registros administrativos.
El triple salto de Manzanera
Elena Manzanera es funcionaria de carrera cuyos primeros puestos de responsabilidad se produjeron bajo los sucesivos gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía con Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz.
El primer Gobierno andaluz de Juanma Moreno y Ciudadanos entregó la Consejería de Economía a la cuota naranja de la coalición. Su titular, Rogelio Velasco, independiente propuesto por Ciudadanos, elevó formalmente a Elena Manzanera para dirigir el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía hasta que el Ejecutivo de Sánchez la repescó en el verano de 2022. El 1 de agosto, Nadia Calviño propuso a Manzanera para sustituir a Rodríguez Poo. El Consejo de Ministros la nombró presidenta del INE y, por razón del cargo, directora legal de la Oficina del Censo Electoral.
Dos meses después de la incorporación de Manzanera entraron en vigor la supresión del voto rogado, la Ley de Memoria Democrática y la Instrucción de Sofía Puente. Sánchez completó en mayo de 2024 la nueva cadena de mando del censo bajo el Ministerio de Carlos Cuerpo: una resolución firmada por Elena Manzanera elevó por libre designación a Lourdes Abella a la jefatura operativa de la OCE. Abella también es funcionaria de carrera.
