El Gobierno recurre a la politización de la justicia como estrategia para contrarrestar la desafección de votantes ante investigaciones como las de Ceuta o la ‘ley de nietos’
Pedro Sánchez ha dado instrucciones a sus ministros y cargos socialistas para intensificar los ataques contra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y los jueces, en un intento por neutralizar el impacto negativo que las múltiples causas judiciales —desde las vinculadas a su familia hasta casos de corrupción— están teniendo en su base electoral. La estrategia, confirmada por fuentes cercanas al Gobierno, busca generar una percepción de indefensión que movilice a un electorado en riesgo de abstención.
Entre los frentes judiciales que más presionan al Ejecutivo destacan las investigaciones sobre la gestión de la crisis migratoria en Ceuta, la fiscalización de la ley de memoria democrática (conocida como ‘ley de nietos’), y las causas relacionadas con la financiación del partido, como la trama de las ‘cloacas’ o el caso Zapatero. Además, el Gobierno enfrenta procesos vinculados a familiares directos del presidente, como los casos de su mujer y su hermano.
La decisión de Moncloa responde a un cálculo político: según datos internos citados por fuentes del Gobierno, el 42% de los votantes del PSOE en las últimas encuestas señalan la judicialización de la política como uno de los motivos para considerar la abstención en las próximas elecciones. La estrategia busca contrarrestar este efecto mediante una narrativa de defensa institucional, aunque sin entrar en confrontación directa con el CGPJ, cuyo presidente, Félix Bolaños, ha mantenido un perfil bajo en los últimos meses.
El contexto: cómo la judicialización afecta al Gobierno
El Gobierno de Sánchez acumula desde 2023 una media de tres causas judiciales abiertas al mes, según registros del Ministerio de Justicia. Entre ellas, destacan las vinculadas a la gestión de la crisis migratoria en Ceuta —donde el Gobierno ha sido acusado de incumplir protocolos de acogida—, y los casos de corrupción que afectan a su partido, como la investigación sobre financiación irregular en la Comunidad de Madrid durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente. Estas causas, combinadas con las vinculadas a su círculo familiar, han generado una percepción de asedio judicial que el Ejecutivo intenta contrarrestar con una estrategia de contraataque político.
Implicaciones: ¿una escalada sin precedentes?
La decisión de Moncloa marca un giro en la relación entre el Gobierno y el poder judicial, hasta ahora caracterizada por un diálogo prudente. Expertos en comunicación política, como Javier Nart, director del Observatorio de la Comunicación Política, advierten de que esta estrategia podría tener efectos contraproducentes: «Si el Gobierno cruza la línea de la politización de la justicia, corre el riesgo de perder credibilidad ante un electorado que valora la independencia judicial». Hasta ahora, el PSOE había evitado ataques frontales al CGPJ, pero la presión de las encuestas y la acumulación de causas han llevado a Sánchez a optar por una táctica más agresiva.
Mientras, la oposición —con el PP a la cabeza— ya ha anunciado que aprovechará estos ataques para reforzar su discurso de defensa institucional. Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, ha señalado en declaraciones recientes que «el Gobierno está usando la justicia como arma electoral, algo que no puede quedar impune». Esta escalada podría redefinir el debate político en los próximos meses, especialmente si el CGPJ decide responder a los ataques con medidas disciplinarias o declaraciones públicas.
La estrategia de Moncloa se enmarca en un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones, donde el 68% de los españoles considera que la justicia está politizada, según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). En este escenario, el Gobierno apuesta por movilizar a su base electoral mediante una narrativa de resistencia institucional, aunque sin descartar futuras tensiones con el poder judicial.
