La medida, impulsada por el socio minoritario de Sumar, busca elevar a rango normativo la ‘ley de nietos’ en la reforma educativa
Izquierda Unida (IU) ha anunciado su intención de registrar una enmienda en la Ley Orgánica de Educación para reconocer como exiliados a todos los españoles que abandonaron el país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. El portavoz de IU, Enrique Santiago, lo comunicó este miércoles en rueda de prensa, vinculando la medida a la llamada ‘ley de nietos’, un debate recurrente en España sobre el reconocimiento legal a las víctimas del franquismo.
La enmienda se presentará en la primera ley orgánica que cierra plazo de modificaciones: la reforma educativa que modifica la Ley Orgánica 2/2006 de Educación y la Ley 4/2019 de ratios docentes. Santiago justificó la iniciativa como un paso para ‘elevar a rango normativo’ la presunción de exilio, un concepto que ya existe en algunos ámbitos administrativos, pero que IU busca consolidar en la legislación educativa, vinculándolo a la memoria histórica y la reparación simbólica.
La medida llega en un contexto político marcado por la Ley de Memoria Democrática (2022), que ya reconoció a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, pero sin incluir expresamente a los exiliados. La enmienda de IU podría reabrir el debate sobre el alcance de las reparaciones, especialmente en un momento en que el Gobierno de coalición (PSOE-Sumar) enfrenta tensiones internas sobre cómo abordar este tema sin afectar a la estabilidad legislativa.
El Ministerio de Justicia, competente en materia de memoria histórica, aún no ha reaccionado oficialmente. Sin embargo, fuentes parlamentarias señalan que la tramitación de enmiendas en leyes orgánicas suele ser restrictiva, lo que podría limitar el éxito de la propuesta. La Junta Electoral Central y el Congreso de los Diputados serán los organismos encargados de evaluar su admisión.
La ‘ley de nietos’ —que reconoce derechos a los descendientes de exiliados— ya ha sido aplicada en otros países como Argentina o Francia, pero en España su implementación ha sido lenta y fragmentada. La iniciativa de IU podría acelerar su reconocimiento institucional, aunque su impacto real dependerá de si se aprueba y cómo se articula en la práctica.
