La asociación recurre la sentencia que lo absuelve de ese delito y denuncia prevaricación contra el expresidente de la Diputación Miguel Ángel Gallardo
HazteOir ha recurrido la sentencia que condenó por prevaricación a once personas en el caso de la contratación irregular de David Sánchez como coordinador de los conservatorios en la Diputación de Badajoz, pero no para impugnar esa condena, sino para exigir que se incluya también el delito de tráfico de influencias. La asociación, acusación popular en el proceso, pide ahora seis años de prisión para el hermano del presidente del Gobierno, además de 20 años de inhabilitación para cargos públicos.
El recurso, presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), argumenta que la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz cometió un error al excluir el tráfico de influencias. Según HazteOir, la creación y adjudicación de las plazas para David Sánchez y su amigo Luis María Carrero —uno como jefe de la Oficina de las Artes Escénicas y otro como jefe de Sección de Actividades Transfronterizas— respondieron a una influencia no formalizada, pero sí determinante: «Sugestión, inclinación o instigación que alteró el proceso decisorio», según el recurso. La asociación critica que la sentencia «convierta en atípica la forma ordinaria de comisión de este delito» al exigir una orden expresa.
El caso se remonta a 2018, cuando Miguel Ángel Gallardo, entonces presidente de la Diputación de Badajoz, autorizó la creación de estas plazas sin concurso público. La Audiencia Provincial condenó por prevaricación a once personas, pero absolvió a Gallardo de tráfico de influencias en relación con la plaza de Carrero, algo que HazteOir considera un vacío legal. Ahora, la asociación ha presentado una denuncia adicional por prevaricación administrativa contra Gallardo, acusándolo de haber delegado una competencia que, según la ley, correspondía al pleno de la Diputación y no podía ser delegada.
La estrategia de HazteOir busca reabrir el caso bajo un marco delictivo más amplio. Además de los seis años de prisión para David Sánchez, el recurso solicita cuatro años de cárcel y 19 de inhabilitación para Gallardo, y penas menores para otros seis acusados, entre ellos Carrero. La asociación subraya que las plazas generaron ventajas profesionales durante años, vinculadas directamente a la red de influencias que, según su versión, operó desde la presidencia de la Diputación.
El caso tiene especial relevancia porque David Sánchez es hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y porque la contratación irregular ocurrió en un organismo público clave como la Diputación de Badajoz. La apelación podría redefinir si hubo tráfico de influencias más allá de la prevaricación ya condenada, un debate que ahora recae en el TSJEx.
