La medida afecta a todos los trámites de inmigración permanente y busca garantizar que los solicitantes no dependan de fondos públicos, según fuentes oficiales
El Gobierno de Donald Trump ha suspendido temporalmente la tramitación de todos los visados de inmigración en Estados Unidos, aquellos que permiten obtener la residencia permanente en el país. La decisión, anunciada el 26 de agosto de 2026, responde a la necesidad de formar al personal consular en las embajadas estadounidenses en todo el mundo sobre las nuevas directrices para evaluar la capacidad financiera de los solicitantes.
Según fuentes oficiales, el objetivo es asegurar que los futuros residentes no dependan de recursos públicos durante su estancia en EE.UU. La paralización afecta a todos los trámites en curso y no se ha especificado un plazo concreto para su reanudación. Las embajadas y consulados deberán adaptarse a los nuevos criterios antes de retomar la emisión de visados.
Qué implica la suspensión para los solicitantes
La medida interrumpe los procesos de miles de personas que buscan establecerse en EE.UU., incluyendo reunificaciones familiares, contrataciones laborales y programas de refugiados. Aunque no se han detallado excepciones, los visados de no inmigrante —como los turísticos o de trabajo temporal— no estarían incluidos en la paralización, según el comunicado del Departamento de Estado.
El sistema de inmigración estadounidense ya había endurecido sus requisitos en los últimos años, especialmente en lo relativo a la solvencia económica de los solicitantes. En 2024, el Gobierno de Joe Biden introdujo cambios para agilizar ciertos trámites, pero mantuvo la exigencia de demostrar ingresos estables o patrocinadores financieros. La nueva formación consular sugiere un refuerzo de estos controles, aunque no se ha aclarado si implicará modificaciones en los umbrales de ingresos o en la documentación requerida.
Antecedentes de restricciones en la era Trump
Durante su primer mandato (2017-2021), Donald Trump impulsó varias medidas para limitar la inmigración legal e ilegal, incluyendo la reducción de cupos para refugiados y la implementación de la regla de «carga pública», que permitía denegar visados a quienes pudieran depender de ayudas estatales. Aunque algunos de estos cambios fueron revertidos por la Administración Biden, la formación del personal consular en criterios financieros retoma una línea similar.
La suspensión actual coincide con un contexto de alta demanda migratoria en EE.UU., donde los retrasos en los trámites ya superaban los dos años en algunas categorías antes de esta medida. Organizaciones de derechos migratorios han advertido que la paralización podría agravar la situación de familias separadas y trabajadores con permisos pendientes, aunque el Gobierno no ha respondido a estas preocupaciones.
