Canadá mantiene abierta la negociación mientras Ottawa prioriza proteger a sus trabajadores y empresas de lo que considera acciones injustificadas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prohibido la entrada de varios productos canadienses en el país, entre ellos colchones, bebidas alcohólicas y artículos del sector del motor y del automóvil. La decisión, anunciada este martes en sus redes sociales, responde a la medida que el ejecutivo canadiense había adoptado el lunes y llega acompañada de nuevos aranceles del 50% a las importaciones canadienses de queso, aluminio, muebles y embarcaciones, que entrarán en vigor a partir del 15 de septiembre.
La prohibición afecta a los llamados Programas de Adjudicación Múltiple, el sistema por el que el Gobierno federal estadounidense y otras entidades públicas compran productos y servicios mediante contratos ya establecidos por la Administración de Servicios Generales. Según el anuncio de Trump, esas restricciones entrarán en vigor a finales de mes y no se levantarán salvo que Canadá ofrezca lo que el presidente considera una reciprocidad plena y justa para las empresas y los agricultores estadounidenses.
El Gobierno canadiense ha respondido este mismo martes que está evaluando las nuevas medidas arancelarias y que mantiene la «puerta abierta a reanudar las negociaciones comerciales» con Washington pese a la nueva escalada de la disputa. El ministro canadiense responsable de Comercio con Estados Unidos, Dominic LeBlanc, ha situado la prioridad de Ottawa en «proteger y apoyar a los trabajadores, agricultores, familias y empresas canadienses frente a estas acciones injustificadas». LeBlanc ha añadido que, «cuando Estados Unidos esté preparado para dialogar», su Gobierno trabajará «de buena fe y constructivamente» para lograr una relación comercial más segura y mutuamente beneficiosa que respete plenamente la soberanía canadiense.
Qué son los Programas de Adjudicación Múltiple que Trump bloquea
El mecanismo sobre el que recae la prohibición no es un arancel al uso, sino una vía de compra pública. Los Programas de Adjudicación Múltiple permiten al Gobierno federal estadounidense y a otras administraciones públicas adquirir bienes y servicios a través de contratos marco ya negociados por la Administración de Servicios Generales, lo que en la práctica da a los proveedores canadienses incluidos en esos contratos un acceso directo y recurrente al gasto público estadounidense. Al excluir a esos productos de los programas, la medida golpea una vía de acceso al mercado que no depende de un arancel fronterizo sino de la condición de proveedor homologado, de modo que el efecto no se limita al precio del producto sino a la propia posibilidad de venderlo al sector público estadounidense.
La distinción importa porque los dos instrumentos anunciados operan por vías distintas y con calendarios distintos. Los aranceles del 50% encarecen el producto cuando cruza la frontera y tienen fecha de entrada en vigor el 15 de septiembre; la prohibición de los Programas de Adjudicación Múltiple, en cambio, cierra el canal de contratación pública y está prevista para finales de mes. Canadá se enfrenta así a dos relojes simultáneos, uno sobre el precio de sus exportaciones y otro sobre su condición de proveedor del Estado estadounidense.
El pulso comercial que arrastra a los dos vecinos
El intercambio de medidas entre Ottawa y Washington se ha producido en apenas 24 horas, con las amenazas arancelarias sucediéndose en ambos sentidos. La secuencia es relevante para entender el margen de maniobra de cada parte: la medida canadiense del lunes precedió al anuncio de Trump del martes, y la respuesta estadounidense incluyó tanto la prohibición de productos como los nuevos aranceles, de modo que cada movimiento ha ido acompañado de una represalia de mayor alcance que el anterior.
Canadá y Estados Unidos comparten una de las relaciones comerciales más integradas del mundo, con cadenas de producción que cruzan la frontera varias veces antes de que un producto termine en el mercado. Esa integración explica por qué los sectores señalados en la medida —motor y automóvil, aluminio, muebles, embarcaciones, queso o bebidas alcohólicas— no son un bloque homogéneo: algunos dependen de componentes que viajan en ambos sentidos, mientras otros compiten directamente con la producción estadounidense. El alcance real de la prohibición dependerá de cuántos de esos productos estén efectivamente incluidos en los contratos marco de la Administración de Servicios Generales.
El margen que LeBlanc ha dejado abierto es el de la negociación, no el de la retirada. Ottawa no ha anunciado por ahora nuevas contramedidas más allá de la adoptada el lunes, y su mensaje público insiste en la disposición a dialogar cuando Washington lo esté. Esa fórmula deja la pelota en el tejado estadounidense y evita cerrar la puerta a un acuerdo, pero también traslada a las empresas canadienses la incertidumbre sobre qué productos quedarán fuera de los contratos públicos estadounidenses a partir de finales de mes.
Trump ha condicionado el levantamiento de las restricciones a que Canadá ofrezca una reciprocidad que considere plena y justa para las empresas y los agricultores estadounidenses, un umbral que el anuncio no concreta en cifras ni en sectores. Sin ese detalle, la fecha del 15 de septiembre queda como el primer punto de control verificable de la escalada, y el final de mes como el segundo, cuando está previsto que arranque la prohibición en los Programas de Adjudicación Múltiple.
