La ministra de Juventud e Infancia valora como ‘alivio’ la decisión judicial, pero advierte: la violencia vicaria sigue sin tener una ley específica en España
Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, ha calificado hoy de *»alivio»* el archivo de la segunda causa judicial contra Juana Rivas, pero ha dejado claro que *»no borra la injusticia»* que denuncia desde hace años. El Tribunal de Instancia de Granada archivó ayer la investigación por un presunto delito de sustracción de menores, tras considerar que no había pruebas suficientes para acusarla. La Fiscalía ya había solicitado el archivo en 2025, argumentando que Rivas actuó dentro de los cauces legales.
El caso se reabrió en 2025 tras una denuncia de su expareja italiana, que reclamaba la devolución de su hijo tras pasar las vacaciones de Navidad con su madre en Maracena (Granada). La resolución judicial destaca que Rivas recurrió todas las vías judiciales disponibles, incluyendo la suspensión de decisiones que consideraba perjudiciales para su hijo. Ahora, con el archivo definitivo, la ministra ha usado sus redes para subrayar que *»esto no borra la injusticia»* y ha anunciado que su departamento seguirá impulsando la ley de violencia vicaria y mejoras en la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia (LOPIGIA).
El caso de Juana Rivas es uno de los más mediáticos en la lucha contra la violencia vicaria en España. Desde 2019, cuando su expareja la acusó de secuestrar a su hijo, Rivas ha denunciado un sistema judicial que, según ella, prioriza a los padres biológicos en casos de custodia. El archivo de esta causa —la segunda— no cierra su batalla legal: aún enfrenta una tercera investigación por otro presunto delito de sustracción, abierto en 2023. Mientras, su caso ha servido para visibilizar las lagunas en la protección de menores en conflictos de custodia internacional, un debate que el Gobierno lleva años posponiendo con promesas legislativas.
La violencia vicaria —delitos cometidos por uno de los progenitores para dañar al otro, como sustracción de menores o amenazas— no tiene aún una ley específica en España. Aunque la LOPIGIA de 2021 incluyó medidas contra este tipo de violencia, organizaciones como Maldita Custodia denuncian que sigue sin haber una normativa que la aborde de forma autónoma. La ministra Rego, en sus declaraciones, ha vinculado directamente el archivo del caso con la necesidad de avanzar en este vacío legal: *»Seguimos a vuestro lado»*, escribió, dirigiéndose a las víctimas.
El Tribunal de Granada, en su resolución, ha dejado claro que Rivas actuó dentro de la legalidad. Sin embargo, el caso sigue generando polémica: mientras sus defensores celebran el archivo como un reconocimiento a su lucha, sus detractores señalan que el proceso judicial se alargó durante años sin resolver el conflicto de custodia. La Fiscalía, por su parte, ya había advertido en 2025 de que *»las pruebas no eran concluyentes»*, una postura que hoy el juzgado ha ratificado. Lo que queda claro es que, para Rivas y su entorno, este no es el final de la batalla.
