La estrategia ya falló en marzo: el decreto económico se aprobó, pero el de alquileres fue rechazado en el Congreso
Pedro Sánchez ha repetido la fórmula que ya usó en marzo para esquivar un conflicto con Yolanda Díaz: dividir un decreto en dos partes para intentar garantizar su aprobación parlamentaria. Esta vez, el Gobierno ha partido el paquete de medidas de vivienda en dos reales decretos distintos, uno centrado en ayudas económicas y otro en regulación de alquileres, tras las tensiones con Sumar y las protestas en la Puerta del Sol.
La estrategia busca evitar una nueva crisis interna, pero el precedente de marzo advierte de sus límites: entonces, el decreto económico se aprobó, pero el de vivienda —que incluía la congelación de alquileres— fue rechazado en el Congreso por PP, Vox y Junts. El PNV se abstuvo. Ahora, el Gobierno repite el mismo esquema, aunque sin garantías de éxito.
El acuerdo alcanzado con Sumar ha desbloqueado la negociación, pero no ha calmado las movilizaciones. El Sindicato de Inquilinas mantiene su acampada en Sol y exige medidas más amplias, como la prórroga extraordinaria de contratos y la congelación de precios. La división del decreto no ha servido para desactivar las protestas, que siguen reclamando un texto integral.
La presión de los socios minoritarios y las movilizaciones en la calle han obligado a Sánchez a ceder en la forma, aunque no en el fondo. La estrategia le permite ganar tiempo, pero deja sin resolver la cuestión clave: conseguir los apoyos parlamentarios necesarios para aprobar medidas que, hasta ahora, no han encontrado consenso ni dentro ni fuera del Gobierno.
El precedente de marzo: cuando la división no bastó
El 20 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó un paquete de medidas anticrisis por la guerra en Oriente Medio. Las diferencias entre el PSOE y Sumar retrasaron la reunión y obligaron a negociar hasta el último momento. Yolanda Díaz amenazó con no asistir al Consejo si sus exigencias no se atendían, lo que llevó a Sánchez a dividir el decreto en dos: uno económico, con rebajas fiscales para energía y carburantes, y otro de vivienda, con medidas como la congelación de alquileres.
El decreto económico se convalidó en el Congreso, pero el de vivienda fue rechazado el 28 de abril. Aunque PSOE y Sumar votaron a favor, la oposición lo bloqueó. El Gobierno logró salvar parte del paquete, pero no todas las medidas pactadas. Ahora, repite la misma estrategia, aunque con menos garantías.
Sumar entre la presión de la calle y las exigencias parlamentarias
Sumar había elevado el tono de sus críticas en las últimas 48 horas, reclamando un decreto «digno» y amenazando con no acudir al Consejo de Ministros. Finalmente, el acuerdo con el PSOE desbloqueó la negociación, pero no satisfizo a los colectivos movilizados. El Sindicato de Inquilinas mantiene su acampada en Sol y exige medidas más contundentes, como la prórroga de contratos y la congelación de precios.
La división del decreto no ha servido para calmar las protestas. Los manifestantes reclaman un texto integral, conocido como «decreto Maricarmen», que incluya medidas más amplias para proteger a los inquilinos. Mientras, el Gobierno intenta equilibrar las exigencias de sus socios con las limitaciones parlamentarias.
Sánchez gana tiempo, pero Sumar no garantiza éxito
Para Sánchez, la estrategia es una forma de ganar tiempo y evitar una crisis interna. Sin embargo, el precedente de marzo demuestra que las concesiones a Sumar no garantizan el éxito parlamentario. El PP, Vox y Junts ya rechazaron el decreto de vivienda en abril, y no hay indicios de que su postura haya cambiado.
Sumar, por su parte, se enfrenta a un dilema: ceder en las negociaciones con el Gobierno o arriesgarse a quedar en minoría en las movilizaciones. Las protestas en Sol siguen activas, y la formación de Díaz debe equilibrar su papel como socio de Gobierno con su base social.
Los inquilinos, representados por el Sindicato de Inquilinas, son los más afectados. Su acampada en Sol refleja la frustración ante la lentitud del Gobierno para responder a sus demandas. La división del decreto no ha resuelto el problema, sino que lo ha pospuesto.
El futuro del decreto: ¿aprobación o nuevo bloqueo?
El Gobierno intentará convalidar los dos decretos por separado en el Congreso. Sin embargo, el rechazo al decreto de vivienda en abril sugiere que la oposición mantendrá su postura. El PP, Vox y Junts ya votaron en contra en 2024, y no hay señales de que cambien su posición.
Si el decreto de vivienda vuelve a ser rechazado, el Gobierno se enfrentará a una nueva crisis. Sumar podría exigir más concesiones, y las protestas en Sol podrían intensificarse. La estrategia de Sánchez le ha permitido ganar tiempo, pero no ha resuelto el problema de fondo: la falta de consenso para aprobar medidas de vivienda que satisfagan tanto a los socios como a la oposición.
Mientras, los inquilinos siguen en la calle, y el Gobierno sigue sin una solución clara. La división del decreto ha evitado, por ahora, un choque frontal, pero no ha resuelto la cuestión central: cómo aprobar medidas que, hasta ahora, no han encontrado apoyo parlamentario.
