El presidente viaja a Nueva York para explicar la crisis de Ceuta en la Asamblea General, donde también abordará inteligencia artificial y economía, pero evita pedir apoyo formal
Pedro Sánchez llega este lunes a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU, donde centrará su intervención en la crisis migratoria de Ceuta, que mantiene 10.000 inmigrantes irregulares en la ciudad —3.000 sin plaza de acogida—, y en la defensa de su modelo migratorio frente a las críticas internas y las sospechas sobre el papel de Marruecos. El presidente español buscará comprensión internacional para una gestión que en España ha sido cuestionada por toda la oposición y hasta por sus socios de gobierno, excepto Bildu.
Sánchez no pedirá una declaración formal de la ONU, pero sí explicará su versión de los hechos: que la llegada masiva de unas 80.000 personas —la mayor en décadas— no fue previsible, que actuó con rapidez junto a Marruecos para devolver a miles en los primeros días, y que su modelo de brazo abierto a la inmigración regular —apoyado incluso por el Papa León XIV en junio— es clave para el crecimiento económico. También defenderá su medida estrella: la regularización generalizada de inmigrantes para concederles permisos de trabajo, una apuesta que hasta la crisis de Ceuta había reducido las entradas irregulares.
Sin embargo, en el foro internacional, el presidente español culpará a Rusia e Israel de agravar el problema al difundir desinformación en redes sociales para debilitar a España y Europa, según fuentes de Moncloa. Esta acusación, que no ha sido formulada públicamente hasta ahora, refleja el intento de Sánchez por desvincular a Marruecos —aunque las sospechas sobre su participación persisten— y trasladar la responsabilidad a actores externos.
La agenda de Sánchez en Nueva York incluye encuentros clave: el lunes con el secretario general de la ONU, António Guterres —cuyo mandato finaliza en diciembre—, y el martes en la sesión de apertura de la Asamblea, donde coincidirá con el presidente de EE.UU., Donald Trump. El miércoles participará en un acto organizado por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, para promover un modelo económico que reduzca el coste de la vida, y cerrará su visita el jueves con una conferencia en la Universidad de Harvard y una reunión con la gobernadora de Massachusetts.
Más allá de Ceuta, Sánchez dedicará parte de sus discursos a impulsar una regulación internacional de la inteligencia artificial con enfoque humanista, alineándose con el consenso emergente entre empresas tecnológicas que exigen marcos legales. El Gobierno español ya trabaja en una ley nacional al respecto, pero busca liderazgo en el ámbito global.
El contexto: por qué la crisis de Ceuta ha reabierto el debate migratorio en España
La llegada masiva a Ceuta en mayo de 2026 —con picos de hasta 5.000 personas en un solo día— supuso un colapso institucional sin precedentes. Aunque el Gobierno logró devolver a miles a Marruecos en las primeras 72 horas, la saturación de los recursos locales persiste: según admiten fuentes de Moncloa, aún hay 3.000 inmigrantes en situación de calle, mientras la capacidad de acogida de la ciudad —diseñada para 5.000 personas— está al límite. La crisis ha expuesto las limitaciones del modelo migratorio español, que hasta entonces combinaba control fronterizo con vías legales de regularización, pero sin un plan de emergencia para afloraciones masivas.
Las críticas internas han sido contundentes: PP, Vox, ERC y Sumar —incluidos sus socios de gobierno— exigen una respuesta más contundente contra Marruecos, mientras Bildu es el único partido que ha apoyado públicamente la gestión de Sánchez. La oposición acusa al Gobierno de falta de previsión y de no haber activado protocolos de emergencia con suficiente antelación. La Comisión Europea, por su parte, ha abierto una investigación para evaluar si España incumplió normas de asilo y fronteras durante los primeros días de la crisis.
El modelo migratorio de Sánchez, basado en la integración por el trabajo —con regularizaciones masivas como la aprobada en 2025—, había logrado reducir las entradas irregulares hasta un 15% anual. Sin embargo, la crisis de Ceuta ha puesto en evidencia su dependencia de la cooperación con Marruecos, un país con el que España mantiene una relación compleja: por un lado, socio clave en seguridad y migración; por otro, objeto de tensiones por la cuestión del Sáhara Occidental y los flujos migratorios controlados.
Las implicaciones: qué se juega Sánchez en la ONU y qué podría cambiar
Para Sánchez, la visita a la ONU es una oportunidad para reafirmar su liderazgo en política migratoria frente a la UE, donde países como Hungría, Polonia y la propia Italia han endurecido sus posturas. El presidente español busca presentar su gestión como un ejemplo de humanidad en un contexto de creciente xenofobia en Europa, especialmente tras el ascenso de la ultraderecha en países como Francia, Austria y Suecia. Sin embargo, el riesgo es que la falta de avances concretos en Ceuta —con miles de personas aún en la calle— debilite su argumento.
En el ámbito internacional, Sánchez apuesta por despolitizar el tema y centrar el debate en la desinformación como arma geopolítica. Al acusar a Rusia e Israel de difundir bulos para desestabilizar a España, busca dos objetivos: primero, distraer la atención de las sospechas sobre Marruecos; segundo, internacionalizar el conflicto, llevándolo a un foro donde la presión sobre Riyad o Tel Aviv sea mayor. No obstante, esta estrategia podría alienar a aliados clave, como EE.UU., si se percibe como una culpa difusa sin pruebas contundentes.
En el plano interno, el viaje a Nueva York servirá para recomponer la imagen de Sánchez tras semanas de críticas. Al evitar pedir apoyo formal a la ONU —algo que podría interpretarse como debilidad—, el presidente mantiene la iniciativa en sus manos, pero también limita las opciones de presión sobre Marruecos o la UE. La gran pregunta es si, tras la Asamblea General, el Gobierno español logrará desbloquear fondos europeos para gestionar la crisis, algo que hasta ahora ha sido rechazado por Bruselas al considerar que España ya cuenta con recursos suficientes.
Mientras, en Ceuta, la situación sigue siendo crítica: según datos de la Delegación del Gobierno, el 60% de los inmigrantes en la ciudad llevan más de tres meses sin resolver su situación administrativa, y el riesgo de guetización en barrios como El Tarayal —donde se concentran el 80% de los llegados— crece día a día. La falta de plazas en centros de acogida ha llevado a la Policía Nacional a paralizar traslados a otras comunidades autónomas, agravando el colapso.
