La ministra de Vivienda confía en que se convaliden mañana, pero alerta de que el texto no contenta a todas las fuerzas políticas y critica a ‘Urbagestión’ por el desahucio de Maricarmen Abascal
Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, ha advertido hoy de que los decretos de vivienda aprobados por el Gobierno «tendrán recursos judiciales» por parte de las empresas, aunque asegura que el texto «ha sido trabajado con rigor». La ministra ha criticado especialmente al Partido Popular, al que acusa de «recurrir todo lo que es bueno para la gente» para bloquear medidas sociales.
Rodríguez ha mostrado su preocupación por la posible huelga general de alquileres impulsada por el Sindicato de Inquilinas, a la que ha calificado de «palabras mayores». Aunque reconoce que entiende las protestas en la Puerta del Sol, insiste en que el Gobierno «habla con honestidad» y que las medidas beneficiarán al 100 % de los españoles.
Los decretos, que incluyen la prórroga automática de alquileres y regulaciones contra los fondos buitre, buscan evitar desahucios como el de Maricarmen Abascal, una anciana de 87 años desalojada por Urba gestión, empresa que la ministra ha tachado de «vergüenza nacional» por su actitud «buitre y carroñera». Rodríguez ha subrayado que el segundo decreto, el de prórroga de contratos, «no ha estado trabajado con profundidad» y podría tramitarse como proyecto de ley para garantizar su apoyo parlamentario.
La ministra ha reconocido que el texto no contenta al 100 % de las fuerzas políticas, ya que «todas han hecho renuncias». Por ejemplo, algunos grupos presionaron para reducir el IVA de los pisos turísticos del 21 % al 10 %, mientras otros se negaron a una Ley del Suelo que diera seguridad jurídica. Rodríguez ha insistido en que «no valía la pena arriesgar» la conformación de una mayoría para aprobar medidas que, en su opinión, merecen apoyo.
En clave electoral, Rodríguez ha señalado que «en unos meses» habrá una «oportunidad de oro» para cambiar las políticas de vivienda en España, siempre que se logre «cambiar a la mayoría de los gobiernos». También ha destacado la necesidad de coordinar normativas municipales, autonómicas, estatales y europeas para evitar compras especulativas de fondos buitre cuando paguen más del 70 % del valor del inmueble.
