El bloqueo político mantiene vacantes cuatro magistraturas desde 2020, incluyendo la presidencia del órgano, con decisiones clave pendientes en temas como la ley de amnistía
Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional, ha instado este jueves a las fuerzas políticas a cumplir el mandato constitucional y garantizar la renovación de cuatro magistraturas antes de que su propio mandato expire el próximo diciembre.
El plazo para renovar a Conde-Pumpido y otros tres magistrados —María Luisa Balaguer, Ricardo Enríquez y José María Macías— vence el 17 de diciembre, fecha en la que finalizaron sus mandatos en 2020. Su elección en 2017 se produjo mediante un pacto entre PSOE y PP (dos magistrados por partido), pero la actual fractura política ha impedido repetir ese acuerdo.
El bloqueo ha permitido alargar la presidencia de Conde-Pumpido, pese a las críticas del PP hacia su gestión. El Tribunal Constitucional ha sido clave en resoluciones polémicas como la ley de amnistía, la ley del aborto o la anulación de las condenas por los ERE, donde las mayorías han reflejado la división política entre progresismo y conservadurismo.
El órgano, considerado el ‘guardian de la Constitución’, enfrenta un vacío de legitimidad: sin renovación, sus decisiones podrían verse cuestionadas por falta de representación equilibrada. El Senado, encargado de la elección, no ha logrado consenso desde 2020, cuando el PP y PSOE rompieron su tradicional acuerdo.
La renovación es urgente: el Tribunal debe resolver casos pendientes, como recursos contra leyes autonómicas o conflictos entre poderes del Estado. Sin acuerdo, el órgano podría quedarse con solo cinco de sus doce miembros, un número insuficiente para funcionar con normalidad.
El Senado, responsable de la elección de los magistrados, ha estado en impasse desde 2020, cuando el PP y el PSOE rompieron su pacto de dos a dos, lo que ha dejado al órgano sin la mayoría necesaria para aprobar nuevas designaciones.
La falta de renovación también afecta la capacidad del Tribunal para resolver recursos contra leyes autonómicas y conflictos entre poderes del Estado, pues sin la mayoría equilibrada sus decisiones podrían ser cuestionadas.
