Mandos policiales culpan a la Delegación del Gobierno de la ciudad autónoma por no actuar en el traslado de migrantes al nuevo campamento
Policías en Ceuta denuncian que el traslado de migrantes al nuevo campamento del puerto se desarrolló en un contexto de **caos y desprotección**, con agentes que aseguran haber recibido órdenes de **no usar sus defensas** pese a sentirse acorralados por la violencia de los grupos. Fuentes consultadas por ABC señalan directamente a la **Delegación del Gobierno de Ceuta** como responsable de esta situación, acusándola de **inacción** durante los dispositivos.
Los agentes relatan que, en momentos críticos, se vieron **sin respaldo institucional** para actuar con la contundencia necesaria. La Delegación del Gobierno en Ceuta, dependiente directamente del Ministerio del Interior, es la encargada de coordinar la respuesta operativa en la ciudad autónoma, incluyendo la gestión de flujos migratorios y la seguridad en dispositivos como este. Su papel es clave en la ejecución de protocolos de emergencia, aunque su margen de actuación depende de las directrices nacionales del Ministerio.
Este episodio se suma a una **tensión acumulada** en Ceuta por la gestión de la crisis migratoria. Desde 2024, la ciudad autónoma ha registrado **picos recurrentes de llegadas irregulares**, especialmente en épocas de alta presión en el Estrecho. En 2025, el Gobierno central activó un **plan de refuerzo policial** con 500 efectivos adicionales, pero los mandos locales insisten en que la falta de coordinación en tierra —no solo en mar— agrava los riesgos para la seguridad.
La Delegación del Gobierno en Ceuta no ha hecho declaraciones públicas sobre estos hechos, pero fuentes internas reconocen **retrasos en la logística** para el nuevo campamento, cuya capacidad inicial (500 plazas) ya se ha visto superada en menos de 48 horas. El conflicto trasciende lo operativo: mientras el PP exige **mayor autonomía para Ceuta** en la gestión de fronteras, el PSOE defiende que las competencias deben mantenerse centralizadas para evitar **desigualdades entre territorios**.
Lo que está en juego ahora es la **credibilidad de los protocolos**. Si los agentes no pueden actuar con sus medios habituales —incluidas armas no letales— durante operaciones de alta tensión, el riesgo de escalada aumenta. La próxima semana, el Ministerio del Interior debe presentar un **informe detallado** sobre estos incidentes al Congreso, donde partidos como Vox ya han anunciado que pedirán una **comisión de investigación** para evaluar responsabilidades.
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