La Moncloa y el PSOE denuncian ‘persecución política’ en un proceso que lleva dos años y que coincide con el viaje de Sánchez a la ONU
El juez Juan Carlos Peinado ha decretado este lunes la apertura del juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias. La decisión, notificada mientras Sánchez participaba en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, ha sido calificada por la Moncloa y el PSOE como una «persecución política» contra Gómez.
La instrucción, que lleva más de dos años, comenzó con una denuncia de una organización ultraderechista basada en recortes de prensa. Durante este tiempo, el juez Peinado ha adoptado decisiones que han sido corregidas por la Audiencia Provincial, como la retirada del pasaporte a Gómez, según señalan fuentes del PSOE. La Fiscalía, por su parte, ha mantenido una postura contraria a la existencia de indicios suficientes para continuar el procedimiento.
La Moncloa ha condenado la decisión judicial, asegurando que «ha quedado clara y demostrada la inocencia» de Gómez. Además, han criticado que la notificación del auto coincida con un viaje internacional clave de Sánchez, algo que, según el Ejecutivo, «no es casualidad». El PSOE ha reiterado que se trata de una «persecución» por el hecho de ser la esposa del presidente, y ha destacado que Gómez ha colaborado con la Justicia desde el primer día.
La dirección del PSOE, liderada por Rebeca Torró, secretaria de organización, ha calificado al juez Peinado de realizar su «último servicio a la patria antes de jubilarse». Mientras, el proceso se enmarca en un contexto de tensiones políticas, con acusaciones de instrumentalización judicial contra el Gobierno.
En una fase previa a la apertura del juicio, el juez Peinado había ordenado la suspensión del pasaporte de Begoña Gómez, medida que la Audiencia Provincial revocó tras revisar la documentación presentada. Esta revocación se produjo antes de que el caso avanzara a la etapa de juicio oral, que se llevará a cabo ante un jurado popular, según la normativa procesal aplicable al delito de malversación y tráfico de influencias.
