El secretario de Organización de Podemos cifra en 100 millones anuales el coste de garantizar una vida digna a los menores no acompañados, frente a los 10.000 millones en defensa
El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha generado una fuerte reacción política y en redes sociales tras comparar el trato a los menores migrantes marroquíes en Ceuta con el recibido por los refugiados ucranianos. Durante una intervención, Echenique criticó la «competencia a la baja» entre instituciones para acoger a estos menores, que suman 1.500 en toda España, y cifró en «100 millones al año como mucho» el coste de garantizarles una vida digna.
Echenique contrastó esta cifra con los 10.000 millones de euros adicionales aprobados recientemente para gasto militar, lo que, según sus cálculos, equivale a «100 veces» el presupuesto necesario para la acogida. El dirigente de Podemos subrayó que, si los menores fueran ucranianos, «estarían compitiendo por acogerlos», un argumento que ha avivado el debate sobre el doble rasero en la política migratoria española. La comparación se produce en un contexto de tensión en Ceuta, donde el retorno de menores no acompañados y su acogida han polarizado el discurso político.
El secretario de Organización de Podemos insistió en que el coste económico no justifica la falta de atención a estos menores, tachando de «prioridad política equivocada» la distribución del gasto público. Sus declaraciones llegan en un momento en el que el Gobierno central y las comunidades autónomas mantienen discrepancias sobre la gestión de los menores migrantes, con algunas regiones, como Madrid y Andalucía, rechazando nuevos traslados desde Ceuta.
La polémica refleja la división entre los socios del Gobierno de coalición. Mientras Podemos defender un enfoque humanitario y social, el PSOE ha evitado posicionarse públicamente sobre la comparación de Echenique, aunque fuentes del partido han señalado que el Ejecutivo trabaja en un plan de reparto equitativo entre comunidades. La crisis en Ceuta, con más de 800 menores en centros de acogida, ha puesto de manifiesto las limitaciones del sistema actual, que depende en gran medida de la colaboración entre administraciones.
El debate también ha trascendido al ámbito internacional. Marruecos, país de origen de la mayoría de estos menores, ha exigido en repetidas ocasiones una solución coordinada con España para evitar repatriaciones unilaterales. La situación se enmarca en un contexto más amplio de relaciones bilaterales, donde la migración irregular sigue siendo un tema sensible. Mientras, organizaciones como Save the Children y CEAR han instado al Gobierno a priorizar el interés superior del menor, recordando que España está obligada por convenios internacionales a garantizar su protección.
