El presidente Daniel Noboa amplía 60 días las medidas de emergencia en zonas con mayor violencia criminal, suspendiendo garantías constitucionales como la inviolabilidad del domicilio
Daniel Noboa, presidente de Ecuador, ha decretado este martes un estado de excepción de 60 días en ocho provincias y tres cantones del país, afectando a más de 4 millones de personas. La medida, publicada en el Decreto Ejecutivo 498, incluye un toque de queda nocturno en cuatro provincias desde este jueves hasta el 30 de septiembre, en respuesta a la escalada de violencia vinculada a organizaciones criminales que el Gobierno califica como «grave conmoción interna».
Las provincias bajo estado de excepción son El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas, junto a los cantones de Camilo Ponce Enríquez (Azuay), Las Naves (Bolívar) y La Maná (Mototaxi). El toque de queda, más restrictivo, se aplicará solo en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, limitando la circulación entre las 00:00 y las 05:00 horas para concentrar operaciones de seguridad.
La medida suspende la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia en las zonas afectadas, permitiendo allanamientos y acceso a comunicaciones cuando existan «indicios objetivos» de actividad criminal. Las Fuerzas Armadas colaborarán con la Policía Nacional, y el Gobierno podrá requisar bienes y servicios «en situaciones de extrema necesidad».
Este es el tercer toque de queda decretado por Noboa en 2026, y se suma al «conflicto armado interno» declarado en enero de 2024 contra grupos que el Ejecutivo considera «terroristas». Según datos del Ministerio del Interior, Ecuador cerró 2025 con 9.300 homicidios, una cifra que refleja la persistencia de la violencia despite las medidas anteriores.
El marco legal: ¿Qué permite el estado de excepción en Ecuador?
El estado de excepción en Ecuador está regulado por la Ley Orgánica de la Función Ejecutiva (Código Orgánico de la Función Ejecutiva, COFE), que permite al presidente adoptar medidas extraordinarias cuando se produzca una «grave conmoción interna» o «calamidad pública». Según el artículo 168 de la Constitución, estas medidas deben ser «proporcionales» y «temporales», y su aplicación requiere la aprobación del Consejo de Seguridad Nacional y su publicación en el Registro Oficial.
En este caso, el decreto se apoya en informes que describen a las organizaciones criminales como grupos capaces de «recomponer sus estructuras» tras operaciones policiales y expandir actividades ilícitas, incluyendo narcotráfico, extorsión y secuestros. La suspensión de garantías constitucionales, como la inviolabilidad del domicilio, está justificada bajo el argumento de que la «urgencia y gravedad» de la situación lo exigen, aunque organizaciones de derechos humanos ya han advertido sobre posibles abusos.
Reacciones y precedentes: ¿Por qué ahora y qué cambia?
La decisión llega tras meses de tensiones entre el Gobierno y sectores de la oposición, que acusan a Noboa de «gubernamental izar» la seguridad con medidas cada vez más duras. El Partido Social Cristiano (PSC), principal fuerza opositora, ha criticado la falta de «consultas» con las autoridades locales, mientras que grupos indígenas, como la CONFÍE, denuncian que las medidas afectan desproporcionadamente a comunidades vulnerables.
En el plano internacional, el Gobierno de EE.UU. ha mostrado apoyo a las medidas, con declaraciones del senador Marco Rubio —quien ha calificado la situación como una «amenaza hemisférica»— aunque sin comprometer ayuda militar adicional. La Organización de Estados Americanos (OEA) ha instado a Ecuador a garantizar que las medidas respeten los derechos humanos, recordando que el estado de excepción no puede usarse para «perseguir opositores políticos».
El precedente más reciente es el Decreto Ejecutivo 345, de marzo de 2026, que ya amplió las zonas bajo estado de excepción tras un aumento del 15% en homicidios en la primera mitad del año. Sin embargo, analistas como Carlos Larrea, director del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), señalan que la eficacia de estas medidas a largo plazo es limitada: «El crimen organizado en Ecuador no es un problema de seguridad pública, sino de gobierno. Sin una estrategia integral contra la corrupción y la impunidad, los toque de queda solo sirven para contener síntomas, no para erradicar la causa».
Para el próximo trimestre, el Gobierno ha anunciado un plan de «reinserción social» para detenidos vinculados a grupos criminales, aunque su viabilidad depende de la cooperación con países como Colombia y México, donde operan redes transnacionales. Mientras, en las calles de Guayas —la provincia más afectada—, comerciantes y vecinos ya reportan controles policiales más estrictos y retrasos en el transporte público debido al toque de queda.
