El Gobierno de López Miras refuerza el Plan de Apoyo al sector agrario tras reunirse con COAG-IR, ASAJA, UPA y FECOAM, que preparan protestas por el precio del gasóleo
El Gobierno de la Región de Murcia ha aprobado este lunes un aumento del 50% en las ayudas al sector agrario dentro del Plan de Apoyo autonómico. El refuerzo asciende a 12 millones de euros y se suma a los 18,6 millones ya presupuestados en el Plan de Financiación Plurianual. El Ejecutivo que preside Fernando López Miras ha fijado como condición que el dinero se haga efectivo antes de que acabe el año.
El reparto de los fondos queda cerrado en tres partidas. La mayor, 5,5 millones de euros, se destina al cultivo de secano. Otros 2,5 millones van a la ganadería extensiva. La tercera partida, de 2 millones, se reserva a Sanidad Vegetal. El Gobierno regional ha explicado que el dinero llegará a los beneficiarios a través de ayudas directas.
La decisión se anunció después de una reunión con las cuatro organizaciones agrarias de la comunidad: COAG-IR, ASAJA, UPA y FECOAM. El encuentro se produce tres días después de que estas mismas entidades anunciaran movilizaciones inmediatas en todo el territorio nacional. Las protestas tienen como eje la subida de los combustibles y los fertilizantes desde el inicio de la guerra de Irán.
Los datos que manejan las organizaciones explican el origen del conflicto. El gasóleo agrícola se pagó el pasado 7 de septiembre a 1,649 euros el litro. Esa cifra supone un encarecimiento del 48% respecto al precio del año anterior. A este golpe se suma una fecha clave en el calendario: el próximo 30 de septiembre termina la ayuda a la compra de gasóleo agrícola.
El momento del año agrava el efecto de ambos factores. La subida del carburante y el final de la subvención coinciden con la campaña de siembras, la vendimia y el maíz. Las organizaciones han advertido de que los costes han hundido la rentabilidad de las explotaciones y han llevado al sector a una situación límite. En su comunicado conjunto, reclaman a las administraciones una respuesta inmediata y una alternativa a la situación actual.
Quién secunda las protestas y con qué respaldo
Al frente de las movilizaciones están las cuatro asociaciones que se sentaron con el Gobierno murciano. COAG-IR es la coordinadora que agrupa a organizaciones de agricultores y ganaderos. ASAJA opera en la región como asociación de empresas agrarias y ganaderas. UPA representa a los pequeños productores. FECOAM es la federación de cooperativas agrarias de Murcia.
A ese bloque se ha sumado el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats). La entidad ha anunciado que secundará todas las manifestaciones que convoquen estos colectivos. En su comunicado, el sindicato de regantes sostiene que la situación del sector primario es insostenible y atribuye el cierre de explotaciones a políticas que considera contrarias a los intereses de los productores europeos.
El calendario que aprieta al sector
El margen de maniobra del sector se estrecha por dos vías simultáneas. La primera es el fin de la ayuda al gasóleo agrícola, fijado para el 30 de septiembre. La segunda es el propio ciclo de cultivo: las siembras, la vendimia y el maíz concentran en estas semanas la mayor parte del gasto en carburante del año. Cuando ambas presiones coinciden, el coste de producir sube justo en el momento en que el agricultor no puede aplazar la inversión.
La respuesta del Gobierno murciano llega por la vía presupuestaria autonómica, no por una rebaja fiscal sobre el combustible. El Ejecutivo de López Miras eleva la dotación del plan ya existente en lugar de crear uno nuevo. El compromiso de ejecutar los 12 millones antes de que termine el año marca el ritmo: si el dinero no se paga en ese plazo, el refuerzo pierde su función de alivio inmediato para la campaña en curso.
El movimiento de Murcia se produce en un contexto de presión coordinada en toda España. Las organizaciones que se reunieron con el Gobierno regional son las mismas que han convocado protestas de ámbito nacional. Eso convierte la comunidad en uno de los primeros territorios en responder con dinero a un conflicto que el sector ha planteado como común a todo el país.
El desenlace depende ahora de dos variables que no controla el Gobierno autonómico. La primera es si las movilizaciones siguen adelante pese al anuncio de los 12 millones. La segunda es si otras comunidades replican el refuerzo o si el sector lo considera insuficiente y mantiene el calendario de protestas previsto.
La intervención se realizó en la Asamblea Regional, donde el presidente López Miras explicó que el refuerzo extraordinario se destinará a las áreas más afectadas por la crisis de precios, reforzando la política de apoyo directo a los productores que se ven golpeados por la subida de los combustibles y los fertilizantes.
