La mayor colectividad española en Argentina, con 1,1 millones de potenciales votantes, exige diálogo institucional y denuncia el silencio del PP local
La **Federación de Sociedades Españolas de la República Argentina (FEDESPA)**, que agrupa a la mayor colectividad española fuera de España, ha presentado un recurso al **Tribunal Supremo** para revocar la suspensión del derecho al voto de los ciudadanos nacionalizados mediante la **Ley de Memoria Democrática** —conocida como *ley de nietos*—. La medida afecta a cerca de **1,1 millones de argentinos** descendientes de españoles, cuya nacionalidad está en trámite o ya reconocida, y convertiría a **Buenos Aires en la tercera ciudad con más españoles del mundo**, solo por detrás de Madrid y Barcelona.
FEDESPA argumenta que estos ciudadanos no son «titulares de una mera expectativa de derecho», sino **españoles con nacionalidad legalmente reconocida**, y reclama que cualquier análisis sobre su impacto electoral respete «principios de igualdad, seguridad jurídica y participación democrática». La colectividad, que ya había mostrado su rechazo a la suspensión, pide ahora un **canal institucional** para ser escuchada antes de que se adopten decisiones que les afecten directamente.
El conflicto pone en evidencia la división interna en la comunidad española de Argentina. Mientras el **PSOE argentino** aborda el tema casi a diario en redes sociales, el **PP local**, liderado por **Martín Miméndez** (35 años, nieto de cántabros y gallego), **no ha mencionado el asunto en sus comunicaciones**. Miméndez, además de presidir el PP argentino, es **secretario general del Consejo de Residentes Españoles (CRE)** en Buenos Aires —un órgano consultivo oficial del Consulado— y representante del **Club Español**. Su silencio contrasta con declaraciones recientes en las que defendía el vínculo de España con los descendientes de emigrantes y criticaba la falta de una «ley de nacionalidad permanente» sin ventanas temporales.
La polémica sitúa al PP argentino en una posición incómoda. Hasta ahora, el partido seguía la llamada **»doctrina Fraga»**, heredada del histórico líder **Manuel Fraga Iribarne**, que siempre priorizó el voto de la emigración. FEDESPA, por su parte, denuncia que el debate se ha desarrollado «sin la participación formal de las organizaciones representativas» de la colectividad, y amenaza con promover un **informe independiente** para exigir que su voz sea tenida en cuenta.
El **Tribunal Supremo**, el **Gobierno de España**, las **Cortes Generales** y la **Junta Electoral Central** son los destinatarios del llamamiento de FEDESPA, que insiste en que la comunidad española en el exterior «no puede ser considerada un sujeto pasivo» de decisiones que les afectan. La suspensión del voto, en vigor desde septiembre de 2026, podría dejar fuera de las urnas a miles de potenciales electores en las próximas elecciones, un escenario que ya genera tensiones entre las instituciones y las colectividades.
