Sindicatos policiales y el Ayuntamiento exigen aclarar si hubo instrucciones de ‘no intervenir’ durante la ocupación ilegal
Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, enfrenta acusaciones de inacción penal por no evitar la acampada ilegal en Puerta del Sol, que comenzó el pasado martes. Sindicatos policiales y el Ayuntamiento de Madrid exigen esclarecer si su equipo conocía los planes y, según fuentes consultadas, no actuó a tiempo para evitar la ocupación.
La Policía Municipal detectó entre 200 y 300 personas instalando tiendas entre las 21:00 y 22:00 horas del 29 de septiembre, pero la intervención de la Policía Nacional no se produjo. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Unión Federal de Policía (UFP) acusan a Martín de recibir información previa sobre la acampada y de no coordinar una respuesta efectiva. El Consistorio, por su parte, asegura que intentó contactar con la Delegación del Gobierno durante la madrugada sin éxito.
El caso recuerda al de Juan Jesús Vivas, delegado del Gobierno en Ceuta, quien enfrenta una posible imputación por su gestión durante la crisis migratoria en la ciudad autónoma. Mientras en Ceuta ya hay una investigación judicial en marcha, en Madrid aún no hay cargos penales, pero el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso prepara un procedimiento contencioso-administrativo por dejación de funciones. Fuentes de la Real Casa de Correos no descartan escalar el conflicto hasta acciones penales si se demuestra negligencia.
La acampada, organizada por el Sindicato de Inquilinas, ocupa un espacio emblemático de Madrid desde hace 48 horas. La Delegación del Gobierno, según el Ayuntamiento, tenía conocimiento de la manifestación, pero no de un plan concreto para ocupar la Puerta del Sol. La clave ahora será determinar si Martín recibió advertencias específicas y, en caso afirmativo, por qué no se actuó. Mientras, los sindicatos policiales insisten en que la falta de coordinación entre cuerpos de seguridad agravó la situación.
El Gobierno autonómico de Madrid ya ha anunciado que pedirá el desalojo cautelar de la acampada, pero el conflicto institucional podría extenderse si se confirma que la Delegación del Gobierno incumplió sus competencias legales. La presión sobre Martín crece, especialmente tras las acusaciones de que pudo haber instrucciones de no intervenir, algo que su equipo niega.
