El ministro de Interior descarta regularizar a quienes entren irregularmente y pide al poder judicial sustituir penas por expulsiones para delincuentes
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha elevado a 1.898 la cifra de menores migrantes que permanecen en Ceuta tras el asalto masivo del pasado 30 de julio, durante una visita a la ciudad autónoma para reunirse con su presidente, Juan Jesús Vivas. Marlaska ha descartado cualquier posibilidad de regularización para quienes intenten entrar irregularmente, asegurando que «ninguna persona que pretenda entrar en Ceuta o Melilla de manera irregular se va a quedar ni en Ceuta, ni va a ir a la Península».
De las 5.000 personas que, según sus cálculos, aún permanecen en Ceuta, el ministro ha anunciado que la «inmensa mayoría» será devuelta a Marruecos, priorizando a quienes cometan delitos. En este sentido, ha revelado que su ministerio ha solicitado al poder judicial la sustitución de penas por expulsiones inmediatas para los migrantes que delincan, una medida que aceleraría su deportación. Los refuerzos policiales desplegados incluyen 880 agentes de la Policía Nacional —270 más que el 30 de julio— y 714 de la Guardia Civil, además de 50 agentes de respuesta rápida y 20 de la brigada central de Extranjería.
Marlaska ha restado importancia a las declaraciones del ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, quien sugirió suspender el acuerdo de extradición con España por problemas en la entrega de personas reclamadas por Rabat. El titular de Interior ha insistido en que las relaciones bilaterales son «absolutamente estrechas y basadas en la lealtad», sin atisbar riesgos en la cooperación. También ha negado cualquier amenaza terrorista vinculada al asalto del 30 de julio, respondiendo así a preguntas de una periodista italiana.
La crisis migratoria en Ceuta se enmarca en un contexto de tensiones diplomáticas recurrentes entre España y Marruecos, donde la gestión de fronteras y la soberanía de las ciudades autónomas han sido históricamente puntos de fricción. El acuerdo de readmisión de 1992, que permite la devolución de migrantes en situación irregular, ha sido clave en la cooperación bilateral, aunque su aplicación ha generado controversias por posibles vulneraciones de derechos humanos. La decisión de Marlaska de priorizar expulsiones para delincuentes añade un nuevo elemento a este debate, al vincular directamente la política migratoria con la judicial.
El Gobierno central ha evitado hasta ahora declarar el estado de emergencia en Ceuta, a diferencia de lo ocurrido en 2021, cuando se desplegaron tropas de la UME. La ausencia de esta medida refleja una estrategia de contención policial y diplomática, aunque la presión sobre los recursos locales —como centros de acogida y servicios sociales— sigue siendo elevada. La cifra de 1.898 menores no acompañados, en particular, plantea un desafío legal y humanitario, dado que la ley española prohíbe su devolución automática sin garantías de protección en el país de origen.
