El atestado de la UCO vincula a 28 cargos del PSOE en Andalucía, incluyendo al exconsejero Antonio Fernández, en una trama de irregularidades que supera en volumen a los ERE
MercedesAlaya reabrió en 2014 la investigación sobre las ayudas de formación profesional en Andalucía, pero la causa quedó archivada en 2016 por falta de indicios. Diez años después, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil presenta un atestado que sitúa 950 millones de euros en subvenciones sin justificar bajo sospecha de irregularidades sistemáticas. La cifra, superior a los 680 millones condenados en el caso de los ERE, vuelve a colocar en el punto de mira a la gestión del PSOE en la Junta durante la etapa de Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
El informe policial, fechado el 25 de marzo de 2026, acusa a 28 cargos públicos —entre ellos cuatro directores generales, nueve delegados provinciales y once jefes de servicio— de haber permitido que beneficiarios sin justificar ayudas anteriores accedieran a nuevos fondos. La clave está en dos mecanismos administrativos: los certificados de finalidad, que debían acreditar el cumplimiento de las condiciones de las subvenciones, y las resoluciones de exceptuación, que eximían excepcionalmente de obligaciones de control. Según la UCO, ambos se utilizaron de forma sistemática para eludir los controles exigibles.
El juez José Ignacio Vilaplana, a cargo de la investigación, ya había solicitado en 2020 un informe detallado a la Guardia Civil para aclarar si las pesquisas anteriores se habían limitado a datos informáticos o habían revisado expedientes físicos. La respuesta policial, llegada casi seis años después, confirma que se examinaron tanto archivos digitales como físicos, además de informes de la Intervención General de la Junta y la Cámara de Cuentas de Andalucía. El resultado es un mapa de irregularidades que afecta a 18.023 ayudas, de las cuales 6.273 corresponden al periodo 2009-2012 —el tramo temporal que ahora centra la investigación.
El caso que se fragmentó y volvió a unir
La historia judicial de estas ayudas es tan sinuosa como la trama que investiga. En 2014, Mercedes Alaya, entonces jueza de la Audiencia de Sevilla, abrió la causa para analizar la gestión de las políticas de formación para el empleo durante los gobiernos socialistas. Dos años después, la instructora María Ángeles Núñez Bolaños archivó el caso principal al no apreciar indicios delictivos en la actuación de los altos cargos investigados. La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, también solicitó el archivo, argumentando que solo se detectaron defectos administrativos.
Sin embargo, en 2019, la Audiencia de Sevilla estimó parcialmente un recurso del PP andaluz y ordenó reabrir la investigación. El tribunal se centró en 18.023 ayudas vinculadas a la Formación Profesional para el Empleo, un área donde los controles parecían especialmente laxos. La pieza judicial se fragmentó entonces en múltiples procedimientos, cada uno dedicado a un ámbito concreto: desde las ayudas concedidas a empresas vinculadas al empresario Ángel Ojeda hasta los fondos destinados a la Faffe (Fundación Andaluza para la Formación y el Empleo), una entidad que ya había sido señalada en otros escándalos de enchufes y contratación irregular.
Lo que quedó en la pieza principal fue la pregunta central: ¿permitió la cúpula administrativa del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) que se concedieran y mantuvieran subvenciones sin los controles exigibles? Ahora, con los 950 millones sobre la mesa, la respuesta parece inclinarse hacia lo que la UCO denomina una actuación concertada y coordinada entre responsables del SAE. Entre los investigados figura Antonio Fernández, exconsejero de Empleo y presidente del SAE durante la etapa de Griñán, quien ya fue condenado en el caso de los ERE por su papel en la adjudicación irregular de fondos públicos.
El reloj judicial y los 28 cargos en la mira
El juez Vilaplana tiene ahora ante sí un dilema: decidir si los indicios acumulados justifican el procesamiento de los 28 cargos investigados o si, una vez más, la causa debe archivarse por falta de pruebas contundentes. La presión judicial es máxima. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha prorrogado su permanencia en Sevilla —originalmente previsto para su traslado a Córdoba— para que pueda culminar investigaciones abiertas, entre ellas las relacionadas con las ayudas de formación y otras piezas de la macrocausa de los ERE.
Lo que está en juego no es solo la responsabilidad penal de estos cargos, sino la imagen de una gestión administrativa que, según la UCO, permitió que cientos de millones de euros en subvenciones se concedieran sin los controles básicos. La conexión con los ERE —otra macrocausa que dejó al descubierto irregularidades por valor de 680 millones— refuerza la sensación de que ambos casos podrían formar parte de un mismo patrón de opacidad en la adjudicación de fondos públicos durante la etapa socialista en Andalucía.
Mientras, la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado observan de cerca el desarrollo de la investigación. Si Vilaplana decide procesar a los 28 cargos, el caso podría escalar hasta el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, donde ya se juzgaron los ERE. Si opta por el archivo, la pregunta seguirá en el aire: ¿por qué 950 millones de euros en ayudas de formación quedaron sin justificar durante años?
Lo que sí parece claro es que, 12 años después de que Alaya abriera la causa, el sistema de control de las subvenciones en Andalucía sigue siendo un misterio. Y con cada nuevo atestado, la sombra de la corrupción se alarga sobre una etapa que ya quedó marcada por los ERE.
