El relator Koldo Casla plantea reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para frenar casos similares tras la orden desoída del DESC.
España vulneró sus obligaciones internacionales de Derechos Humanos tras ejecutar el pasado 23 de septiembre el desahucio de Maricarmen. La afectada es una mujer de 87 años con un 50 % de discapacidad. El Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada, Koldo Casla, alertó en una entrevista con la Agencia EFE de que esta decisión coloca al Estado en una posición insostenible frente a los acuerdos suscritos.
El desalojo contravino una medida cautelar dictada en junio por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (DESC). Dicho organismo ordenó suspender el procedimiento hasta resolver el fondo de la reclamación. Casla remarcó que las medidas cautelares son habituales en tribunales internacionales. Sin embargo, su incumplimiento directo por parte de un Estado firmante supone una infracción extraordinaria.
Los tratados ratificados por España forman parte directa del derecho interno a través de los artículos 10 y 96 de la Constitución. El relator recordó que el Estado asumió estos compromisos soberanamente sin obligación externa previa. Al haberse expulsado ya a la inquilina de su vivienda habitual, la vulneración del tratado internacional resulta definitiva e irreversible.
Casla planteó medidas estructurales para evitar que los juzgados repitan estas actuaciones. Entre las principales propuestas figura modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este cambio normativo blindaría la obligatoriedad de acatar las medidas cautelares del DESC en los procedimientos tramitados por los jueces españoles.
El representante internacional señaló también la ausencia de un análisis de proporcionalidad antes de ordenar la expulsión solicitada por la empresa Urba gestión. Ese estudio debe ponderar la situación personal del inquilino frente a la del arrendador. Para Casla, no se puede equiparar a un pequeño propietario con una gran firma que busca maximizar rentabilidad.
La alternativa de trasladar a Maricarmen a una residencia de ancianos tampoco resultó adecuada según el relator. La afectada contaba con una pensión de 1.300 euros y residió durante 70 años en el mismo inmueble. Por ello, Casla insistió en regular de forma estricta las compras especulativas para proteger los derechos vigentes de los arrendatarios.
