El Gobierno destina 9 millones a un dique permanente, pero el expediente administrativo aún no ha llegado a Ceuta y los plazos legales retrasan su inicio hasta marzo
El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, anunció el martes 26 de septiembre un proyecto de 9 millones de euros para prolongar el espigón del Tarayal en Ceuta y sustituir la barrera flotante actual, pero la ciudad autónoma denuncia que no ha recibido documentación formal alguna para evaluar el impacto en sus competencias.
El anuncio, hecho sin previa consulta a Ceuta, incluye dos fases: una prolongación de 15 metros con pilotes y malla antitrepa, seguida de un dique vertical de 100 metros mar adentro. Sin embargo, el expediente administrativo —obligatorio por la Ley de Costas— aún no ha sido remitido a la ciudad, lo que bloquea cualquier avance. Interior reconoce que debe solicitar el informe favorable de Ceuta y de otros organismos estatales, como los competentes en Costas, navegación y medio ambiente.
La tramitación legal exige al menos un mes para que Ceuta emita su informe tras recibir la documentación, seguido de hasta tres meses de evaluación ambiental simplificada. Incluso con urgencia, la obra no podría empezar antes de marzo, y si se complica el diseño o se abre información pública, el inicio se retrasaría hasta el verano. El actual proyecto repite el plan anunciado en 2014 por el Gobierno de Rajoy, pero nunca ejecutado, ni siquiera tras el asalto masivo de 12.000 migrantes en mayo de 2021.
Mientras, la barrera flotante instalada en agosto ya amaneció rota el mismo día del anuncio, lo que obliga a repararla o reemplazarla hasta que se construya el dique permanente. Las boyas, clave para las devoluciones en caliente tras la sentencia del Supremo, actúan como obstáculo físico disuasorio, pero su estado actual las hace insuficientes.
El conflicto refleja la falta de coordinación entre el Gobierno central y Ceuta, donde el alcalde Juan Jesús Vivas ha criticado en repetidas ocasiones la gestión de la frontera. La obra, aunque necesaria, se enfrenta a un laberinto administrativo que podría alargar su ejecución más allá de lo previsto.
El Ministerio ha detallado que el espigón costará siete millones de euros, mientras que dos millones adicionales se destinarán a un sistema permanente de balizamiento y a una red de alta resistencia suspendida hasta el fondo marino para impedir el paso sumergido. Este componente técnico, que no se había contemplado en la propuesta original de 2014, añade complejidad a la evaluación de la compatibilidad con la ordenación territorial y los usos de playa, borde marítimo y espacios colindantes.
