El convenio de 2007 nunca se ha aplicado y el Supremo condenó en 2024 las devoluciones de 2021 por falta de garantías
El Gobierno español reconoce que el acuerdo de cooperación con Marruecos para la protección y retorno de menores no acompañados, en vigor desde 2012, no ha servido para repatriar a ninguno de los 2.168 niños y niñas identificados en Ceuta tras la entrada masiva del 30 y 31 de julio. El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, admitió este viernes que «hay menores que tienen que estar acogidos por los sistemas de protección que están en la calle» y que la situación exige una solución «urgente».
El convenio, firmado en Rabat en 2007, establece mecanismos para prevenir la inmigración irregular de menores y facilitar su retorno, pero su aplicación práctica está paralizada. En una respuesta parlamentaria de marzo de 2020, el Ejecutivo admitió que «no se ha producido ni una sola repatriación» desde su entrada en vigor. La Fiscalía General del Estado ya advirtió en 2011 de los obstáculos para identificar a los menores y localizar a sus familias, mientras que el Tribunal Supremo condenó en 2024 a España por las devoluciones de 2021, realizadas sin acompañamiento ni garantías.
La Comisión Europea defiende el retorno de los migrantes irregulares, incluidos los menores, pero subraya que no puede ser «automático o colectivo». Mauricio Valiente, director general de CEAR, insiste en que «un menor nunca puede ser expulsado» y que el retorno debe garantizar su protección. Catalina Perazzo, de Save the Children, añade que el acuerdo «no es el paraguas para tomar una decisión colectiva», ya que exige una valoración individualizada de cada caso. Las autoridades marroquíes deben colaborar en la identificación y localización de las familias, pero el proceso choca con la normativa española, que prioriza el interés superior del menor.
Violeta As siego, abogada especializada en Derechos Humanos, recuerda que la Convención de los Derechos del Niño y la legislación española exigen garantías específicas para los retornos, como evaluar las condiciones de seguridad en el país de origen. Perazzo advierte de que devolver a los menores sin estas garantías podría exponerles a situaciones de violencia, matrimonio forzado o pobreza extrema. Valiente subraya que «lo más urgente es llevar a cabo una acogida en condiciones de dignidad», ya que la crisis no se resolverá «de la noche a la mañana».
El debate público, según As siego, parte de un «imaginario» que asume que estos menores provienen de familias convencionales, cuando muchos proceden de entornos desestructurados con altos niveles de vulnerabilidad. El acuerdo de 2007, en la práctica, se ha convertido en un instrumento inoperante, mientras las administraciones españolas y marroquíes siguen sin coordinar un mecanismo efectivo para proteger a la infancia migrante.
Fuente: elDiario.es
