El ministro de Transportes adjunta una sentencia de 2021 que condenó a dos cargos por repatriar a menores no acompañados a Marruecos
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha calificado de «delito» la propuesta del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de devolver a todos los migrantes —incluidos menores— que entraron en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio. Puente ha respaldado su afirmación con una sentencia de 2021 que condenó por prevaricación administrativa a la entonces delegada del Gobierno en Ceuta y a la vicepresidenta primera del ejecutivo autonómico por repatriar a menores no acompañados a Marruecos.
Feijóo, acompañado por el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, exigió al Gobierno la devolución inmediata de los migrantes, sin distinguir entre adultos y menores. El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, ha rechazado la medida al considerar que vulnera tanto el reglamento europeo de retorno —que obliga a buscar una familia o tutor para los menores— como la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que en 2021 estableció que las devoluciones deben contar con «garantía individualizada». Pérez Correa ha recordado que las comunidades autónomas gobernadas por el PP, que tutelan a miles de menores, no han aplicado nunca esta fórmula.
El Gobierno trabaja en un plan para trasladar a unas 500 niñas a la Península, una iniciativa que, según Pérez Correa, era conocida por el ejecutivo ceutí. El secretario de Estado ha detallado que el Ministerio ha consignado 25 millones de euros para atender la emergencia migratoria, aunque admite que desconoce el número exacto de menores en la ciudad: los sistemas de protección registran entre 2.400 y 2.500, pero hay más en la vía pública. La complejidad territorial de Ceuta dificulta su identificación.
Pérez Correa ha advertido que todas las comunidades autónomas deben cumplir la ley de acogimiento de menores, so pena de intervención de la Fiscalía de Menores. Ha criticado que el PP rechazara incluir el tema en la próxima conferencia sectorial, convocada para finales de mes, aunque ha destacado la colaboración con administraciones populares en otros ámbitos, como Ceuta. El conflicto refleja la tensión entre el Gobierno central y las autonomías gobernadas por el PP y Vox, que se oponen a acoger a los menores.
Fuente: La Vanguardia (Política)
