Rubén Pérez Correa recuerda que el Tribunal Supremo exige garantías individualizadas para cada retorno, mientras el PP defiende la medida
El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, ha calificado de «ilegalidad manifiesta» la propuesta de deportaciones masivas de menores migrantes anunciada este miércoles en Ceuta por el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
En una entrevista en Hoy por Hoy de la Cadena Ser, Pérez Correa subrayó que tanto el reglamento europeo de retorno —que obliga a buscar una familia, tutor o instalación adecuada para cada menor— como la jurisprudencia del Tribunal Supremo de 2021 —que exige «garantía individualizada» en cada caso— impiden ejecutar la medida planteada por los populares. «Si esto fuera tan fácil como lo plantea el PP, sus gobiernos autonómicos, que tutelan a miles de menores, ya lo habrían aplicado», añadió.
El conflicto surge tras una rueda de prensa conjunta en la que Vivas y Feijóo defendieron el retorno acelerado de los menores como solución a la crisis migratoria en Ceuta. El presidente autonómico, además, negó estar informado sobre el traslado de 500 niñas a la península que impulsa el Gobierno central, aunque Pérez Correa desmintió esta versión: «Lo conoce porque trabajamos con su dirección de Infancia». El Ministerio, que ha destinado 25 millones de euros a esta operación, explora derivar a las menores a recursos especializados en la península, una medida que justifica por la «contingencia migratoria grave» detectada en los días previos.
La polémica refleja el choque entre el marco legal —que prioriza la protección individual— y la presión política en territorios fronterizos como Ceuta, donde el PP gobierna en minoría con el apoyo de Vox. Feijóo, que visitó la ciudad el mismo día, vinculó la propuesta a la «saturación» de los centros de acogida, aunque no detalló cómo garantizaría los derechos de los menores en un proceso masivo. El Gobierno, por su parte, insiste en que cualquier retorno debe ajustarse a la ley, incluso si eso ralentiza la gestión.
El precedente del Tribunal Supremo de 2021, que anuló devoluciones colectivas por falta de evaluación individual, marca el límite legal. Mientras, las comunidades autónomas gobernadas por el PP —como Madrid o Murcia— acumulan miles de menores tutelados, pero ninguna ha aplicado un sistema de retornos similar al defendido ahora por Feijóo. La discrepancia entre el discurso del líder popular y las prácticas de sus propios gobiernos autonómicos añade tensión al debate.
Fuente: Electomanía
