El Pleno rechaza por unanimidad que un ministro francés participe en el Consejo de Ministros español, pero los populares mantienen su rechazo al texto sin modificar el artículo polémico
Pedro Sánchez y Emmanuel Macron podrán por fin firmar el Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia, tras la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que ha desestimado este lunes el recurso del Senado —promovido por el PP— contra el artículo 2.4 del acuerdo, que permite la participación de un ministro francés en el Consejo de Ministros español. La sentencia, adoptada por unanimidad y basada en la ponencia del magistrado Ricardo Enríquez, llega una semana antes de la visita oficial de Macron a España, que lleva más de un año esperando la ratificación del texto, firmado en enero de 2023 durante una cumbre en Barcelona.
El TC ha aclarado que la participación del ministro francés no será en el Consejo de Ministros como órgano colegiado, sino en reuniones paralelas «en los márgenes» del mismo, una interpretación que ya habían acordado en abril de 2024 los ministros de Exteriores de ambos países. Sin embargo, el PP considera insuficiente este acuerdo, ya que no se ha modificado la redacción del artículo controvertido, por lo que mantiene su rechazo a la ratificación del tratado.
El recurso del Senado, impulsado por la mayoría absoluta de los populares, cuestionaba si el artículo 2.4 vulneraba la Constitución al permitir que un ministro francés asistiera al Consejo de Ministros español. El TC ha respondido que «no existe contradicción» con la Carta Magna, ya que la invitación al ministro francés no implica su participación en el órgano colegiado del Gobierno, sino en reuniones separadas. «La expresión *en los márgenes* está muy asentada en la práctica internacional y europea», señala el fallo, que añade que estas reuniones «no contemplan la incorporación ni la presencia del ministro francés en la reunión del Consejo de Ministros como órgano colegiado».
La polémica surgió en 2025, cuando el texto fue rechazado en el Congreso por los votos en contra del PP, que argumentó que el artículo 2.4 podía interpretarse como una intromisión en las competencias del Gobierno español. Para solventar el conflicto, los Ejecutivos de ambos países acordaron en abril de 2024 que la participación del ministro francés sería «en los márgenes» del Consejo de Ministros, en reuniones por separado y no en el pleno del órgano. No obstante, el PP insistió en que este acuerdo no era suficiente, ya que no se había modificado el texto original del tratado.
El acuerdo de 2024: ¿solución o parche?
El texto del tratado, firmado en enero de 2023, prevé en su artículo 2.4 que «un miembro del Gobierno de una de las partes será invitado al Consejo de Ministros de la otra parte, al menos una vez cada tres meses y por rotación». Esta cláusula fue la que generó las dudas constitucionales, ya que el PP interpretó que podía permitir la participación directa de un ministro francés en las deliberaciones del Gobierno español. Para evitar este escenario, los ministros de Exteriores de ambos países —José Manuel Albares (España) y Stéphane Séjourné (Francia)— firmaron en abril de 2024 un comunicado conjunto en el que aclaraban que la invitación sería «para participar en los márgenes del Consejo de Ministros en una reunión por separado».
Sin embargo, esta aclaración no convenció al PP, que consideró que el texto del tratado seguía siendo ambiguo y que solo una modificación formal del artículo 2.4 podría resolver definitivamente la cuestión. «El acuerdo entre los dos gobiernos no es suficiente», declaró en su momento Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz parlamentaria del PP, quien insistió en que «la Constitución no puede ser interpretada de forma flexible cuando se trata de las competencias del Gobierno español».
El TC, en su sentencia, ha confirmado que la interpretación acordada entre ambos países es constitucional, ya que «la invitación al ministro francés no tiene por objeto su participación en una reunión del Consejo de Ministros español, sino en los márgenes de este y en una reunión por separado». Además, el tribunal ha señalado que, al no participar el ministro francés en el órgano colegiado, «no resulta necesario determinar si la nacionalidad española es un requisito para asistir a sus reuniones».
¿Qué pasa ahora con la ratificación?
Aunque el TC ha despejado las dudas legales, el PP sigue en contra del tratado. «La sentencia del Constitucional no cambia nuestra postura», afirmó Pablo Casado, presidente del PP, quien recordó que el partido «siempre ha defendido que la Constitución no puede ser vulnerada, ni siquiera con acuerdos internacionales». Los populares mantienen que el texto del tratado sigue siendo problemático, ya que no se ha modificado el artículo 2.4, y exigen una redacción más clara que elimine cualquier ambigüedad.
Por su parte, el Gobierno de Pedro Sánchez ha celebrado la decisión del TC y ha confirmado que procederá a la ratificación del tratado en los próximos días. «Este fallo nos permite avanzar en la consolidación de la relación bilateral con Francia», declaró Albares en un comunicado. La ratificación definitiva está prevista para antes de la visita de Macron, que tendrá lugar la próxima semana en Madrid, donde se espera que ambos líderes firmen oficialmente el tratado.
El tratado, además de la cláusula controvertida, incluye otros acuerdos en materia de seguridad, energía, transporte y cooperación judicial. Entre sus objetivos destacan la creación de un mecanismo de alerta temprana para crisis migratorias, la promoción de proyectos conjuntos en hidrógeno verde y la simplificación de los trámites para la movilidad de ciudadanos entre ambos países. Sin embargo, el artículo 2.4 ha sido el principal escollo, ya que ha generado desconfianza en sectores del PP y de la oposición, que temen una posible intromisión en las competencias del Gobierno español.
El fallo del TC no solo despeja el camino para la ratificación del tratado, sino que también sienta un precedente sobre cómo se interpretan los acuerdos internacionales en relación con la Constitución. En este caso, el tribunal ha optado por una lectura flexible, priorizando la cooperación bilateral sobre una interpretación estricta de la Carta Magna. No obstante, el rechazo del PP demuestra que la polémica no se cerrará con la sentencia, ya que los populares podrían recurrir de nuevo si el Gobierno no modifica el texto del tratado antes de su ratificación.
La visita de Macron será clave para evaluar el impacto político de esta decisión. Mientras el Gobierno español celebra el aval del TC, el PP seguirá presionando para que se aclare definitivamente el artículo 2.4, algo que, de momento, no parece probable sin un nuevo acuerdo entre ambos países.
