Los populares exigen dos años de residencia legal en España y eliminan el procedimiento específico para tramitar las solicitudes; Junts tiene la llave para revertir los cambios en el Congreso.
El PP ha introducido nueve enmiendas en la ley para conceder la nacionalidad a los saharauis durante el trámite de ponencia en el Senado, donde goza de mayoría absoluta. Los cambios modifican el texto que había aprobado el Congreso a comienzos de septiembre y eliminan la principal novedad de la norma: conceder la nacionalidad por carta de naturaleza a los saharauis nacidos antes del 29 de septiembre de 1977 aunque no residieran en España.
Con las enmiendas populares, los solicitantes deberán haber residido legalmente durante dos años en territorio español para acceder a la nacionalidad. Además, se suprime la posibilidad de que los hijos de esos saharauis puedan optar también a la nacionalidad española. También desaparece el procedimiento específico que había diseñado el Congreso para tramitar estas solicitudes y el listado de documentos con los que los interesados podían acreditar su condición de saharauis nacidos bajo administración española. El PP propone que esa acreditación se determine posteriormente por vía reglamentaria.
La norma quedaría reducida a una modificación del Código Civil para incluir a los saharauis entre los colectivos que pueden solicitar la nacionalidad después de dos años de residencia legal en España, en lugar de los diez años exigidos con carácter general. Esa equiparación los situaría en la misma posición que los nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal.
El texto que salió del Congreso con la abstención del PP
El Congreso aprobó el texto inicial con los votos a favor de PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos y BNG. El PP y Junts se abstuvieron. Esa abstención de los populares ya anticipaba que utilizarían su mayoría absoluta en la Cámara Alta para modificar la norma, algo que finalmente ha ocurrido durante la ponencia, una reunión a puerta cerrada en la que los grupos fijan una primera posición antes de que el texto pase por comisión.
La ley responde a una reivindicación histórica de los saharauis que nacieron cuando el territorio estaba bajo administración española, antes de que España abandonara la colonia en 1975. La carta de naturaleza es un mecanismo excepcional del Código Civil que permite al Gobierno conceder la nacionalidad con carácter discrecional a personas con circunstancias especiales, sin necesidad de cumplir el plazo ordinario de residencia. Al exigir ahora dos años de residencia legal, el PP condiciona el acceso a la nacionalidad a que el solicitante ya viva en España, lo que excluye a quienes permanecen en los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia).
El trámite que aún debe pasar por comisión y pleno
El texto modificado deberá pasar ahora por la Comisión de Justicia del Senado y, posteriormente, por el pleno de la Cámara Alta. Después tendrá que volver al Congreso, donde se abre la posibilidad de que los diputados rechacen los cambios introducidos por el Senado y recuperen el texto que aprobaron inicialmente.
En esa votación, PP, Vox y UPN previsiblemente se opondrán a levantar las enmiendas, con lo que sumarían 171 votos en contra. El Gobierno, con los socios que respaldaron el texto original, suma 172 votos. La diferencia es de un solo escaño, por lo que Junts, con sus 7 diputados, tendrá en su mano la capacidad de revertir los cambios impulsados por los populares y permitir que se recupere el texto original. El partido de Carles Puigdemont ya se abstuvo en la primera votación en el Congreso, una posición que ahora resulta decisiva.
La ley de nacionalidad saharaui es una de las iniciativas que el Gobierno ha impulsado con sus socios parlamentarios, y su tramitación refleja la aritmética ajustada de la legislatura. La mayoría absoluta del PP en el Senado le permite enmendar el texto, pero la última palabra la tiene el Congreso, donde el Ejecutivo necesita el apoyo o la abstención de Junts para sacar adelante sus iniciativas. La decisión de los posconvergentes no solo afecta a esta norma, sino que se interpreta como un termómetro de su disposición a seguir sosteniendo la agenda legislativa del Gobierno.
